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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 1528 de 2001: acción de amparo constitucional

13 de agosto de 2001ConstitucionalAmparo ConstitucionalImprocedente in limine
Qué decidió, en una frase

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Gloria Alejandra Mora Morales en representación de las ciudadanas Cristina y Carolina García Borello.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 1528, Exp. 00-1256, 13/08/2001

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Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Gloria Alejandra Mora Morales en representación de las ciudadanas Cristina y Carolina García Borello. La acción se fundamenta en la supuesta eliminación de competencias de los Tribunales de Familia y Menores tras la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, lo que habría generado un vacío legal. Sin embargo, la Sala concluye que la interpretación del sistema procesal no evidencia tal vacío y que la jurisdicción ordinaria es competente para conocer de la solicitud de interdicción.

Lo que ordenó la Sala

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine, la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Gloria Alejandra Mora Morales, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 64.903, actuando como apoderada judicial de las ciudadanas CRISTINA GARCÍA BORELLO y CAROLINA GARCÍA BORELLO, titulares de las cédulas de identidad números 11.738.477 y 15.614.715, respectivamente, “[...] CONTRA LA SITUACIÓN ESTABLECIDA A RAÍZ DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE Y LA LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL Nº 5.266, EXTRAORDINARIO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 1998, Y LA GACETA OFICIAL Nº 34.541, EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 1990, RESPECTIVAMENTE.” En consecuencia, se ordena a la Secretaría de la Sala el archivo del expediente.

El fundamento

Entrando en vigencia esta Ley (se refiere a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente), a partir del 01 de abril del año 2000, que dejó sin competencia a los Tribunales de Familia y Menores, en todo lo relacionado a los actos que conocían estos tribunales con respecto a la materia de mayores, especialmente y de nuestro interés, la interdicción de adulto, establecida en el artículo (sic) 393 y 395 del Código Civil, creando un vacío legal que le ha originado a mis representadas daños y perjuicios, en la solicitud de interdicción que se intenta contra la ciudadana FELICITA RATTI BORELLO, de nacionalidad italiana, mayor de edad, viuda, portadora de la Cédula de Identidad nº E-820.134, abuela materna de mis representadas. Situación que, según alega la parte accionante, vulnera a sus representadas los derechos constitucionales consagrados en el artículo 49 de la Constitución…
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… de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, del solo escrito de solicitud se evidencia para este Máximo Tribunal que la parte accionante no tiene claro que la supresión legal de competencias a un órgano jurisdiccional no entraña vacío alguno, por cuando la interpretación integral del sistema procesal en la específica materia de competencia conduce a la aplicación de las disposiciones de la jurisdicción ordinaria plena conforme lo dispone el artículo 735 del Código Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente: “Artículo 735. El juez que ejerza la jurisdicción especial de los asuntos de familia y, en su defecto, el de primera instancia que ejerza la plena jurisdicción ordinaria, es el competente en estos juicios, pero los de Departamento o de Distrito o los de Parroquia o Municipio pueden practicar las diligencias sumariales y remitirlas a aquél, sin decretar la formación del proceso ni la interdicción provisional”. De la disposición antes transcrita se desprende que sería la jurisdicción ordinaria la que necesariamente tendría que conocer una solicitud de interdicción, de no estar atribuida tal competencia a órganos jurisdiccionales especiales. Resulta entonces obvio para la Sala, que el alegato de la parte accionante carece de fundamento; por tanto, la presente acción de amparo es manifiestamente improcedente al no existir, en el sentido denunciado, la violación o amenaza a los derechos o garantías constitucionales, por lo que debe ser desestimada in limine, sin necesidad de tramitar el respectivo proceso. Así se decide.
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Palabras clave

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Datos del expediente
Expediente00-1256
PonenteJosé M. Delgado Ocando
Fecha de la decisión13 de agosto de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteGloria Alejandra Mora Morales
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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