Sentencia N° 1523 de 2001: inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Patricia Salazar Loaiza en representación de LERNIS ANDRÉS BORDONES, en contra de una decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. La acción se fundamentó en la supuesta violación del derecho a la indemnización por privación de libertad, tras un sobreseimiento en un proceso penal. La Sala determinó que la decisión impugnada no vulneró derechos fundamentales, ya que el derecho a indemnización no se aplicaba en este caso específico, dado que la privación de libertad ocurrió bajo el régimen del Código de Enjuiciamiento Criminal, antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Patricia Salazar Loaiza, ut supra identificada, actuando en su carácter de defensora del ciudadano LERNIS ANDRÉS BORDONES, en contra de la decisión del 23 de mayo de 2000, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

La Sala recalca que la indemnización acordada por el tantas veces citado artículo 286, no agota en forma alguna el precepto contenido en el numeral 8 del artículo 49 de la Carta Magna, pues la misma es aplicable a específicos supuestos aludidos ut retro, que si bien son expresión de la norma constitucional aludida, en él no se encuentran comprendidas todas las situaciones jurídicas subjetivas conferidas a las personas por la citada previsión del ordenamiento constitucional. Con ello, quiere la Sala significar que la declaratoria de improcedencia de la indemnización referida, en modo alguno supone el desconocimiento del derecho que éste tiene de solicitar la reparación (lato sensu, no sólo pecuniaria) del daño que ha sufrido como consecuencia de un error, omisión o dilación judicial injustificada y, asimismo, de exigir la responsabilidad administrativa, civil o penal del funcionario que en tal infracción hubiera incurrido, acudiendo para ello a los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico positivo.