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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Pedro Pablo González Gutiérrez en representación de Pablo Molina Peña, contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas. La Sala fundamenta su decisión en que la medida privativa de libertad dictada no vulnera derechos constitucionales, ya que fue emitida dentro de los plazos establecidos por la ley y con base en elementos de convicción suficientes. Se concluye que la acción de amparo no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine, la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Pedro Pablo González Gutiérrez, actuando como defensor del ciudadano PABLO MOLINA PEÑA contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas del 22 de marzo del año 2001, en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado, tipificado en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Asimismo se ordena el archivo del expediente.
El fundamento
La pretensión de tutela constitucional está basada en la decisión proferida el 22 de marzo de 2001, por la prenombrada Corte de Apelaciones, la cual, conforme se lee del anexo “C” del escrito de amparo interpuesto el 20 de abril del mismo año, contiene la siguiente motivación: “ [...] el hecho de haber decretado el Juez de Control la Medida Privativa de Libertad no inmediatamente de concluir la audiencia oral, se torna irrelevante ante la definitiva y última razón para la cual se dispuso su realización. A consideración de esta Sala el acto (decisión decretando la Privativa de Libertad) se cumplió cuando no conforme a la oportunidad señalada en el artículo 194 del Código Orgánico Procesal Penal; pero ello no le causó perjuicio a ninguna de las partes; no causó perjuicio irreparable al imputado, por cuanto las posibilidades que tiene por delante, dado el carácter de transitoriedad y…
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… accesoriedad de la Medidas Cautelares, por lo que dicha decisión no produce gravamen irreparable, pues también la seguridad de que el Sub-judice (sic) cumplirá todos los actos del proceso, es de rango constitucional de conformidad con el artículo 44, ordinal 1º (sic) de la Constitución Vigente, que si bien es cierto establece como regla que será juzgado en libertad, excepto por las razones determinadas por la Ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso, esto en concordancia con el artículo 257 eiusdem. [...] Esta Sala por otra parte considera que no es válido lo sustentado por el recurrente al pretender que se aplique analógicamente lo preceptuado en el penúltimo aparte del artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, de que si el Fiscal no procede a acusar dentro de los veinte (20) días siguientes a la privativa judicial de libertad, al no hacerlo, el juez decretará la libertad, quien podrá en su lugar dictar una sustitutiva a la privativa de libertad. Esta Sala observa que esa hipótesis aducida sólo está referida a la omisión fiscal pero no al Tribunal y no al caso en concreto aquí planteado cuando el Juez no dicta la privativa de libertad inmediatamente de concluir la audiencia oral; por otra parte debemos estar conscientes que las únicas excepciones al principio de la inmediatez previsto en el artículo 194 del Código Orgánico Procesal Penal es lo previsto en los artículos 448 y 459 eiusdem, en el sentido de que al concluir la audiencia oral ahí establecida, exista imposibilidad por la importancia y complejidad del asunto planteado, podrá decidir lo conducente posteriormente en los lapsos que prevén dichos dispositivos.
Palabras clave
amparo constitucionalpeculadodebido procesolibertad provisionalCorte de ApelacionesCódigo Orgánico Procesal Penalderechos fundamentales
Leyes y artículos que aplica
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 44, 44.1, 4999.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículo 439.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio PúblicoArtículo 58566 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
N° 3026 · 2002Improcedencia de acción de amparo constitucional→N° 3027 · 2002Acción de amparo constitucional interpuesta por María Masuzzo de Paterno→N° 3348 · 2002Homologación del desistimiento de acción de amparo constitucional→N° 3349 · 2002Admisión de acción de amparo constitucional→N° 3352 · 2002Acción de amparo constitucional→
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Datos del expediente
Expediente01-0780
PonenteJosé M. Delgado Ocando
Fecha de la decisión13 de agosto de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitantePablo Molina Peña
Parte demandada / contraparteCorte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.