Sentencia N° 1417 de 2001: acción de amparo constitucional

… sustanciarlo conforme a lo establecido en el artículo 23 eiusdem. Posteriormente a la admisión del amparo, la accionante consignó copia simple de la decisión accionada y solicitó el restablecimiento inmediato de la situación jurídica, y el Juzgado Superior antes mencionado se pronunció mediante auto del 18 de septiembre de 2000, de la siguiente forma: “...Primero: La documentación que acompaña y sirve de soporte al Recurso de Amparo Constitucional incoado, así como también los recaudos consignados ante esta Alzada por la diligencia arriba indicada, están conformadas por copias fotostáticas sin la debida certificación, por la que las mismas no surten efectos legales. Segundo: Que en criterio de este Tribunal, de la documentación acompañada, no existe un medio de prueba que constituya presunción grave de la violación o amenaza de violación, de derechos o garantías constitucionales. Por consiguiente se niega el pedimento de restitución de inmediato de la situación jurídica infringida. Lo antes expuesto revela -en criterio de esta Sala- el desconocimiento del Juzgado Superior de la recurrida, de los trámites procesales que deben ser observados en el juicio de amparo constitucional, a la luz del vigente Texto Constitucional y del procedimiento para sustanciar dicha acción que ha establecido este Máximo Tribunal en la sentencia transcrita parcialmente supra. Ello por cuanto, en primer lugar, admitió la acción sin advertirle a la accionante (aplicando lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que, tratándose de un amparo contra decisión judicial, no cumplió con la carga de acompañar al escrito libelar copia certificada del fallo, ni siquiera copia simple a los efectos de la admisión; en segundo lugar, ordenó la notificación del juez que dictó el fallo accionado, ordenándole que presentara el informe a que se refiere el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, so pena de estimarle aceptados los hechos denunciados, informe que no es requerido de acuerdo al procedimiento establecido por esta Sala con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, y que de acuerdo a la jurisprudencia de este Alto Tribunal sostenida antes del nuevo trámite, dicha consecuencia por falta de presentación del informe no era aplicable a los jueces que suscribieron las sentencias accionadas, en el entendido de que las mismas se bastan por sí solas; en tercer lugar, no sólo se tramitó el amparo en primera instancia bajo el antiguo régimen procedimental, sino que el a quo, luego de haber negado en la admisión la medida cautelar solicitada por la accionante, se pronunció nuevamente –en auto separado- sobre la inexistencia de un medio de prueba que constituya presunción grave de violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales invocados; y, en cuarto lugar, declara sin lugar el amparo sin pronunciarse sobre el fondo del mismo; esto es, si en realidad hubo o no hubo las violaciones denunciadas por la accionante, sino con fundamento en un hecho que era evidente desde el momento de la admisión, como lo es la falta de consignación de la copia certificada del fallo accionado.