Sentencia N° 1342 de 2001: amparo constitucional contra la Junta Regional Electoral del Estado Lara

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se declara terminado el procedimiento de amparo constitucional interpuesto por Ramón Vivas Ramírez y Víctor Hugo Piña contra la Junta Regional Electoral del Estado Lara y el Consejo Nacional Electoral. La decisión se fundamenta en la falta de comparecencia de las partes a la audiencia constitucional programada, lo que llevó a la Sala a dar por concluido el procedimiento. Además, se impone una multa a los demandantes por la cantidad de cinco mil bolívares.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO el procedimiento de amparo constitucional instaurado por los ciudadanos RAMÓN VIVAS RAMÍREZ y VICTOR HUGO PIÑA, obrando el primero como Presidente del Partido Social-Cristiano COPEI en el Estado Lara y el segundo en su propio nombre y como Director General del mismo Partido en dicho Estado contra la Junta Regional Electoral del Estado Lara y contra el Consejo Nacional Electoral. De conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a cada uno de los ciudadanos demandantes una multa por la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela. Los sancionados deberán acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante de pago correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Consta en el acta levantada al efecto, en el día, hora y lugar fijados para la celebración de la audiencia constitucional, que, a pesar de haber sido abierta la sesión en presencia de la totalidad de los Magistrados que integran la Sala, no comparecieron las partes ni la representación del Ministerio Público. Por este motivo, y de conformidad con lo sentado por esta Sala Constitucional en fecha 1º de febrero de 2000 (caso José Amando Mejía Betancourt), vista la falta de comparecencia de las partes a la audiencia constitucional, debe darse por terminado el presente procedimiento de amparo. Así se declara.