Sentencia N° 1340 — Sala Constitucional del TSJ, 9 de octubre de 2012

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de interpretación presentado por Edgar Rafael Ríos, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal de Naguanagua, relacionado con los derechos de seguridad social de los altos funcionarios. La Sala determinó su competencia para conocer del recurso, considerando que se trataba de una colisión normativa entre diversas disposiciones legales sobre bonificaciones y prestaciones sociales de los concejales.

Determinada la competencia de esta Sala Constitucional, corresponde a este Máximo Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de colisión solicitado y, al efecto, observa que es preciso referirse a los dispositivos legales cuya presunta colisión fue denunciada. Así, se precisa que las normas delatadas en presunta colisión serían las siguientes: (i) los artículos 14, 15, 19, 22 y la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.592 del 12 de enero de 2011; (ii) el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.412 del 26 de marzo de 2002; y (iii) el artículo 7 del Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y de los Municipios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.880 del 28 de enero de 2000.

Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE el recurso de colisión de normas presentado por el ciudadano Edgar Rafael Ríos, asistido por el abogado Jorge Luis Meza, vinculado a sí los derechos de la seguridad social contenidos en los artículos 14, 15, 19, 22 y la Primera de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones para los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°: 39592 del 12 de enero de 2011), en consonancia a los principios de intangibilidad, irrenunciabilidad, imprescriptibilidad y progresividad, instaurados en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se originaron y son una continuidad en sus efectos jurídicos a los plasmados en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°: 37412 del 26 de marzo de 2002), y en el artículo 7 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y de los Municipios (Gaceta Oficial N°: 36.880 del 28 de enero de 2000).