Sentencia N° 1281 de 2001: la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que había declarado sin lugar una acción de amparo constitucional. La Sala determinó que los accionantes no tenían legitimación para interponer la acción, ya que no eran los directamente afectados por la decisión impugnada. En consecuencia, se revocó la decisión de la Corte de Apelaciones y se declaró inadmisible la acción de amparo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: REVOCA la decisión dictada el 26 de diciembre de 2000, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. SEGUNDO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos AURA ROSA ZAMBRANO DE CARRERO, MARCOS CARRERO Y GILBERTO RAFAEL RODRIGUEZ, asistidos por el abogado Jhonny Ruiz Palacino, contra la decisión judicial dictada por el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira el 29 de noviembre de 2000.

Desde la perspectiva de la acción de amparo, la legitimación para proponerla la tiene la persona directamente afectada por la vulneración de derechos o garantías constitucionales. Otra cosa no puede deducirse del artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales, cuando expresa que el propósito del amparo es “... que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella...”. Lo cual sólo interesa, necesariamente, a quien ha sido afectado por los eventos que han causado la violación. En consecuencia, si de la pretensión de amparo no se deduce cómo han sido afectados los derechos de sus proponentes (...), era evidente que no existía un interés legítimo por parte de las sociedades accionantes, para obtener el restablecimiento de la situación jurídica infringida.