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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional presentada por Horacio Antonio Parra Jiménez y María Ignacia Parra Gutiérrez contra una sentencia del Juzgado Superior Tercero Agrario. Los accionantes alegaron que la decisión de la alzada les impuso condenas de daños y perjuicios que no habían sido establecidas en la sentencia de primera instancia, lo que constituye una violación del derecho al debido proceso. La Sala, tras analizar los argumentos, concluyó que efectivamente se incurrió en el vicio de 'reformatio in peius'.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por el abogado CARMELO DE GRAZIA S. actuando en su carácter de apoderado de los ciudadanos HORACIO PARRA JIMENEZ y MARIA IGNACIA PARRA GUTIÉRREZ contra la sentencia dictada el 1° de octubre de 1999, por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual se ANULA únicamente en lo que se refiere a la condenatoria en daños y perjuicios.
El fundamento
La Sala observa: 1) En cuanto a la perención alegada en la audiencia por el tercero coadyuvante, es criterio de esta Sala que lo que procede en materia de amparo es el abandono del trámite, y que este abandono no puede calificarse de tal, mientras el tribunal que conoce del amparo esté practicando las citaciones y notificaciones que sean necesarias, ya que se trata de una actividad que no compete a las partes, sino al tribunal de la causa. Esta Sala, en fallo de 6 de junio de 2001 (Caso: José Vicente Arenas) señaló los efectos del abandono del trámite y cuando él tiene lugar, y puntualizó que se trata de un proceso paralizado por falta de actividad de los sujetos procesales en las oportunidades en que tenían que actuar, que colocan al proceso en un marasmo sin ningún tipo de actuaciones. Ahora bien, mientras se estén practicando actuaciones o se esté a la espera de los resultados de…
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… éstas, como ocurre con las citaciones y notificaciones ordenadas, la causa se encuentra viva, y no puede existir abandono del trámite, ya que no corresponde a las partes citar o notificar, sino solo participar -si fuera el caso- las direcciones donde ha de citarse o notificarse, o la declaración que ellas no se conocen. Es la paralización de la causa, la que conduce al abandono del trámite, por lo tanto se desecha tal alegato, y así se declara. 2) En cuanto al fondo de lo que se discute en el presente amparo, la Sala apunta: el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil expresa que si el interesado demostrara al juez la ocurrencia del despojo, y éste encontrare suficientes las pruebas promovidas a ese efecto, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, si se hubiere decretado la restitución provisoria de la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto. El artículo 702 del mismo Código expresa que si la querella fuere declarada sin lugar, en la sentencia definitiva se ordenará la fijación de los daños y perjuicios a favor del querellado mediante experticia complementaria del fallo. Para el juez que conoce del interdicto posesorio en primera instancia, y por aplicación del mencionado artículo 702, es imperativo ordenar los daños y perjuicios al sentenciar el interdicto y declarar la querella sin lugar. En el caso de autos, al no haberlo hecho, la parte demandada, favorecida por el citado artículo 702, ha debido apelar a fin de que el juzgado de la alzada cumpliera con el artículo 702 señalado. La parte demandada no apeló y, en consecuencia, se contentó con lo fallado por el juez de la primera instancia. Conoció la alzada por apelación de la parte perdidosa, es decir, del querellante, quien no se conformó con que se le declarara sin lugar su querella. El Tribunal Superior al resolver sobre la apelación sólo podía declarar con o sin lugar la querella; y en el segundo supuesto, sólo podía ratificar lo que ya había resuelto la primera instancia, la cual -como ya se expresó- no aplicó el artículo 702 del Código de Procedimiento Civil. Cuando la sentencia impugnada suplió la falta de aplicación del artículo 702 aludido, ella reformó el texto de la decisión de la primera instancia en perjuicio del apelante, cuyo recurso, necesariamente, lo que buscaba es que se le declarara con lugar la querella interdictal propuesta. Al obrar así, considera la Sala que se violó por parte de la alzada el debido proceso de los querellantes apelantes, hoy accionantes, y así se declara.
Palabras clave
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Leyes y artículos que aplica
- Código de Procedimiento CivilArtículos 699, 702103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 26, 4999.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículo 1539.576 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
N° 3026 · 2002Improcedencia de acción de amparo constitucional→N° 3027 · 2002Acción de amparo constitucional interpuesta por María Masuzzo de Paterno→N° 3348 · 2002Homologación del desistimiento de acción de amparo constitucional→N° 3349 · 2002Admisión de acción de amparo constitucional→N° 3352 · 2002Acción de amparo constitucional→
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Datos del expediente
Expediente00-0877
PonenteJesús Eduardo Cabrera Romero
Fecha de la decisión19 de julio de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteHORACIO ANTONIO PARRA JIMÉNEZ y MARÍA IGNACIA PARRA GUTIÉRREZ
Parte demandada / contraparteHely Saul Montiel Aponte, Adafel Enrique Barroso, Jesús Elías Mendoza, Jesús Edgardo Mendoza y Elías Jerónimo Mendoza
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.