Sentencia N° 1243 de 2001: demanda de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una demanda de amparo constitucional interpuesta por varios ciudadanos contra una sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado inadmisible la demanda, argumentando que la interposición fue realizada fuera del plazo establecido. Los demandantes alegaron violaciones a sus derechos a la defensa y al debido proceso, pero la Sala consideró que no se cumplían los requisitos para la admisión del recurso.

Visto que contra la mencionada decisión el abogado Jimmy W. Montenegro recurrió en apelación el 11 de abril de 1997 ante la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa. Visto que, no consta en autos la fecha en que los demandantes tomaron conocimiento de la sentencia impugnada, y vista la necesidad de apreciar esta circunstancia a los efectos de pronunciarse sobre la apelación interpuesta, se ORDENA al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que ubique el expediente n° 3016, nomenclatura de ese tribunal, y se sirva remitir a esta Sala, dentro de los tres días siguientes a la recepción del oficio correspondiente, copia certificada de las actuaciones procesales posteriores al pronunciamiento de la sentencia dictada por ese tribunal el 13 de diciembre de 1995. Publíquese, regístrese y ofíciese.

Visto que, el 29 de julio de 1996, los ciudadanos MARÍA MEZA DE LANDAETA, FRANCISCO PERNA, LORENZO CUOZZO FALCONE, SARA MARÍN MOSQUERA, MANUEL FERNÁNDEZ, RENATA DE BARRERA, NEREYDA MENDOZA PACHECO y RAMÓN SUÁREZ ESCUELA, titulares de las cédulas de identidad números 2.092.085, 754.296, 6.151.047, 2.999.567, 932.723, 81.618.608, 81.974.953, 1.725.766, respectivamente, representados por los abogados Pedro José María Valladares Guevara, Jimy W. Montenegro, Martha Duarte Moncada, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 25.247, 58.618 y 58.617, respectivamente, intentaron, ante Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, demanda de amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 13 de diciembre de 1995, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para cuya fundamentación denunciaron la presunta violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, previstos en las disposiciones contempladas en los artículos 68 y 69 de la Constitución de 1961.