Sentencia N° 1228 de 2001: apelación de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación de la acción de amparo constitucional presentada por Edgar Eugenio Chaparro González contra la Registradora Subalterna del Distrito San Cristóbal. La apelación fue declarada inadmisible por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, lo que llevó a Chaparro a recurrir a la Sala Constitucional. La Sala determinó que la acción de amparo no era procedente debido a que los actos de disposición de propiedad ya estaban consumados y no podían ser revertidos.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el ciudadano EDGAR EUGENIO CHAPARRO GONZÁLEZ, asistido por el abogado Miguel Angel Chacón Rodríguez, contra la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 19 de agosto de 1999, y en consecuencia COFIRMA el fallo apelado. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.

En el caso de autos la lesión constitucional denunciada deriva de la actuación de la ciudadana Registradora Subalterna del Distrito San Cristóbal del Estado Táchira de protocolizar y registrar un documento de cancelación de hipoteca y venta de inmuebles por parte de una apoderada cuyo mandato supuestamente no contenía facultades de disposición. Ahora bien, observa esta Sala, que en el presente caso resulta imposible actualmente volver las cosas al estado que tenían antes de la materialización del acto lesivo, puesto que el acto ya está consumado y la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser restablecedora y no constitutiva de derechos, en consecuencia, el a quo actuó ajustado a derecho en la presente solicitud de amparo constitucional al declarar que resulta inadmisible conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual dicho fallo es confirmado.