Sentencia N° 1212 de 2001: inadmisibilidad de acción de amparo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior en lo Civil que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Carlos Augusto Ramírez en representación de la empresa Depositaria Ordaz S.R.L. La acción fue considerada inadmisible debido a la existencia de otros medios procesales, como el recurso de apelación, que permitían el restablecimiento de la situación jurídica infringida. La Sala argumenta que la acción de amparo no es un recurso ilimitado y debe ser utilizada solo cuando no existan otras vías procesales adecuadas.

CONFIRMA la decisión dictada el 15 de agosto de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta por el abogado Carlos Augusto Ramírez, en representación de la empresa 'DEPOSITARIA ORDAZ S.R.L', contra la decisión interlocutoria dictada el 11 de agosto de 2000, emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

La acción de amparo solo procede cuando no existe un medio procesal, breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional. En el presente caso se evidencia que los quejosos tienen pendiente el recurso ordinario de apelación contra el auto interlocutorio que atacan, no siendo el amparo autónomo la vía expedita para resolver su controversia. La naturaleza de la acción de amparo constitucional, en tanto considerada extraordinaria, fue revisada por esta Sala Constitucional en sentencia de fecha 28 de julio de 2000 (caso Luis Alberto Baca), en la cual se asentó que: '[L]a doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución vigente (artículo 27) otorga a todo aquél a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía, de acuerdo a las diversas fuentes de trasgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene.'