Sentencia N° 1166 de 2001: recurso de apelación en acción de amparo constitucional

… justifican la declaratoria contenida en el fallo recurrido. Con este objeto, se observa que tal decisión estimó procedente el amparo sub júdice, al considerar que la omisión de valoración de las pruebas promovidas por el hoy accionante, en el juicio que por cumplimiento de contrato de arrendamiento éste incoara en contra de la sociedad mercantil AUTO ESCAPE LOS ARALES, S.R.L., produjo la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso. Al respecto, resulta conveniente traer a colación lo previsto en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente: «El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. [omissis]». El precepto constitucional transcrito parcialmente, recoge la noción del debido proceso, como máxima garantía informadora del proceso como instrumento fundamental para la obtención de la justicia (artículo 257 constitucional), cuyas repercusiones deben incidir, más allá de los mecanismos adjetivos que de forma abstracta el Poder Nacional instaura por vía legislativa (justicia formal), en la aplicación concreta que de tales mecanismos realiza el juzgador (justicia material). Como derecho de contenidos complejos, el debido proceso comprende un cúmulo de situaciones jurídicas que invisten a toda persona (entendida ésta en sentido lato) inserta en una relación jurídico-procesal con el carácter de parte (en sede administrativa o jurisdiccional), entre las cuales se sitúa el derecho a la defensa, como garantía que exige el respeto al principio esencial de contradicción, conforme al cual, las partes enfrentadas, en condiciones de igualdad, deben disponer de mecanismos suficientes que les permitan alegar y probar las circunstancias tendientes al reconocimiento de sus intereses, aunque, necesariamente, una sola de ellas resulte gananciosa. Abundando lo expuesto, el derecho a la defensa no se agota en la mera conclusión de la fase probatoria, sino que se extiende hasta que las mismas resultas del juicio adquieran firmeza. Visto así, se requiere no sólo que las partes hayan acudido a ejercer sus probanzas, sino que sobre las mismas exista una resolución judicial que las contraponga, y de esta forma haga valer las que considere preeminentes, dentro del régimen que para tal valoración resulte aplicable (tarifa legal, sana crítica, etcétera). En el presente caso, la decisión delatada por este amparo, resolvió la cuestión de la supuesta falta de cualidad del hoy accionante, acudiendo únicamente a un instrumento público (de entre otros elementos probatorios) y afirmando llanamente que tal pronunciamiento lo ejercería antes de valorar las demás pruebas promovidas, pues se trataba de una excepción de fondo. Al respecto, debe esta Sala precisar que el alegato de la demandada en el juicio que dio lugar a la sentencia denunciada (AUTO ESCAPE LOS ARALES, S.R.L.), relativa a la falta de cualidad del ciudadano ALEJANDRO DE LA CRUZ MORENO, por carecer de la condición de propietario del inmueble cuyo arrendamiento dio lugar a aquel litigio, es una circunstancia fáctica que habiendo sido alegada en tal proceso, requiere de elementos probatorios suficientes que comprueben su veracidad; y conforme lo señalado anteriormente, además es necesario que sean enfrentados los elementos que una y otra parte aportaron al proceso, para luego efectuar la correspondiente ponderación, con miras a determinar la verdad ínsita en los autos.