Sentencia N° 1078 de 2001: amparo constitucional interpuesto por Saritza Coromoto Estrada Tobía

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un amparo constitucional interpuesto por Saritza Coromoto Estrada Tobía contra una medida cautelar innominada de permanencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Agrario del Estado Vargas. La Sala determinó que el Tribunal competente para conocer del amparo era el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, y ordenó remitir el expediente a dicho Juzgado para su conocimiento.

Por las razones que anteceden, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el Tribunal competente para conocer de la demanda de amparo incoada por la ciudadana SARITZA COROMOTO ESTRADA TOBÍA, contra la medida cautelar innominada de permanencia del núcleo familiar de la ciudadana Petra Rodríguez Luque dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Agrario del Estado Vargas es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. SE ORDENA remitir el expediente de la causa a dicho Juzgado, para que éste conozca del amparo interpuesto por la accionante. Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

Establece el artículo 4º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 'Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva'. Por tanto, en primer término, corresponde a esta Sala definir cual es el hecho lesivo denunciado. Para ello se debe tener en cuenta lo solicitado por la demandante, ya que la conducta agraviante es aquella sobre el cual debe recaer el decreto de amparo, para que se produzca el restablecimiento de la situación jurídica infringida, independientemente del acto que el actor haya señalado como lesivo en la pretensión de amparo. En el…