Sentencia N° 1057 de 2001: acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 13 de junio de 2001, se pronunció sobre la apelación interpuesta por los abogados Rafael Angel González y Marco Antonio Segovia Luque, en representación de José Dimas Guerra y Diva Josefina Guerra, contra la decisión del Juzgado Superior que había declarado con lugar la acción de amparo constitucional. La Sala revocó la sentencia apelada, argumentando que el Juzgado Superior no había emitido pronunciamiento sobre alegatos fundamentales, lo que vulneraba el derecho a la defensa de las partes involucradas.

1.- CON LUGAR la apelación ejercida por los abogados Rafael Angel González y Marco Antonio Segovia Luque, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos José Dimas Guerra y Diva Josefina Guerra contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo el 6 de febrero de 2001, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Alvaro Troconis Parilli, contra la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2000 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de la misma Circunscripción Judicial. 2.- Se REVOCA la sentencia apelada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo el 6 de febrero de 2001. 3.- Se ORDENA dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del 22 de diciembre de 2000 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

La motivación de la sentencia garantizaba el derecho a la defensa de las partes, que al conocer los fundamentos de la decisión tendrían elementos para atacar las razones que utilizaron los órganos encargados de administrar justicia para desestimar sus pretensiones. Así, observó el referido Juzgado, que en el caso de autos, la falta de pronunciamiento sobre los alegatos expuestos por las accionantes, en el que incurrió el órgano jurisdiccional que conoció de la apelación, acarreó la violación del derecho al debido proceso y a la defensa.