Sentencia N° 1039 de 2001: competencia en acción de amparo constitucional

… relación entre la violación denunciada y la situación jurídica existente entre las partes, que debe ser subsumida objetivamente dentro de los principios de competencia. En el presente caso, observa la Sala que el hecho que dio origen a la acción de amparo constitucional lo constituye la actuación de la empresa Hidrocapital, C.A., materializada en los aumentos mensuales que califica la parte actora como exagerados, sin que medie explicación alguna, así como en la suspensión del suministro de agua por falta de pago, denunciando la parte accionante como violado el derecho a la salud consagrado en el artículo 76 de la derogada Constitución de la República. Ahora bien, estima esta Sala necesario señalar que Hidrocapital, C.A. –empresa accionada en el caso bajo análisis– es, según se desprende de sus estatutos constitutivos y del criterio reiterado en decisiones de este Supremo Tribunal, una empresa en la cual el Estado ostenta una participación decisiva, ya que su capital social está suscrito por un organismo público, como es la C.A. Hidrológica Venezolana HIDROVEN y un Instituto Autónomo, como es el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (I.N.O.S.); que, además, presta a un servicio público. Así lo destacó esta Sala, con referencia a esta misma empresa, en su sentencia n° 385/2001 de 27 de marzo, según la cual: “(como) Consecuencia lógica de los valores y principios mencionados (se aludía en dicho fallo al derecho a la salud y al disfrute de un ambiente sano) es que las empresas (públicas, privadas, mixtas o comunitarias) prestatarias del servicio público de distribución y suministro de agua potable deben, por lo menos, –en cuanto concierne al caso concreto–, garantizar a los beneficiarios del mismo un debido procedimiento de acceso al servicio y de queja por la falta de éste, inspirado dicho procedimiento en los principios de funcionamiento de la Administración Pública recogidos en el artículo 141 de la Constitución de la República, a saber, honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, y deben, además, a los beneficiarios de esos servicios, una respuesta expresa, oportuna y motivada por sus quejas, a tenor de lo previsto en el artículo 51 de la misma Constitución (véase en este mismo sentido, sentencia dictada el 18 de noviembre de 1999 por la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, caso: Corporación Industrial del Vidrio contra Elecentro). Así se declara.”