Sentencia N° 1028 de 2026: acción de amparo constitucional

… ejercida por el mencionado ciudadano contra la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. 2.- IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional ejercida contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, el 24 de marzo de 2025. 3.- REVISA DE OFICIO la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, el 11 de febrero de 2025. 4.- ANULA la referida sentencia emanada del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida el 11 de febrero de 2025, y en consecuencia, la dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, el 24 de marzo de 2025. 5.- ORDENA la remisión del presente asunto al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida a los fines de que la causa sea distribuida a un Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio para que decida la acción de amparo constitucional ejercida.

… constitucional fue ejercida contra la sentencia dictada en segunda instancia por una Corte de Apelaciones, que confirmó la inadmisibilidad de la pretensión de amparo ejercida por el accionante, a tenor de lo establecido en el mencionado artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De lo anterior se desprende que, el caso planteado a la consideración de esta Sala consiste en lo que se ha denominado como un “amparo contra amparo”, es decir, se trata de una acción de amparo constitucional incoada contra una decisión judicial recaída en un juicio de amparo previamente instaurado. Pretensión que resultaría procedente únicamente en el caso de que las violaciones a los derechos constitucionales se deriven directamente de la sentencia dictada por el juez constitucional, de tal suerte que el ejercicio de las mismas se encuentre supeditado a la existencia indubitable de una violación del derecho a la defensa o al debido proceso, o la usurpación de funciones por parte del tribunal constitucional, que deben originarse necesariamente en el curso de tal proceso de amparo y, por tanto, los elementos que configuren la nueva vulneración del orden constitucional sean fáctica y jurídicamente distintos de los que fueron sometidos a revisión en la decisión de la acción de amparo primariamente ejercida (Vid. Sentencia de la Sala N° 4.584 del 13 de diciembre de 2005, reiterada en fallo N° 305 del 23 de marzo de 2018). Casos como el presente, ameritan un análisis distinto al resto de las pretensiones de amparo contra decisiones judiciales, ello con la finalidad de evitar la desnaturalización de la esencia breve y expedita de los procesos de tutela constitucional, pues se corre el riesgo de que se proponga una cadena interminable de demandas de esta índole contra la misma situación, lo cual atentaría contra la seguridad jurídica (Cfr. sentencia de esta Sala N° 277 del 5 de mayo de 2017). En efecto, el ejercicio del amparo contra amparo resultaría posible únicamente en el caso de agravios constitucionales no juzgados o que se deriven directamente del curso del proceso de amparo o de la sentencia dictada por el juez constitucional de última instancia; por ello, los elementos que configuran la nueva vulneración del orden constitucional deben ser distintos a los que ya fueron sometidos a revisión a través de la acción de amparo constitucional.