La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la decisión del Juzgado de Sustanciación que declaró inadmisibles las pruebas promovidas en el caso de RCTV International, Corp. La Sala confirmó la decisión del Juzgado, argumentando que el Ministerio Público no es parte involucrada en la acción de nulidad y, por lo tanto, no puede promover pruebas en este contexto. La sentencia reafirma la posición del Tribunal sobre el rol del Ministerio Público en procesos contenciosos administrativos.
Extracto de la motiva
Finalmente, resulta menester para esta Máxima Instancia precisar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en aras de garantizar la consecución de los postulados consagrados en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoció la preponderancia de la ciencia, la tecnología, y los servicios de información como elementos de interés público, destacando el deber del Poder Público -y concretamente de los órganos jurisdiccionales- de asegurar el acceso a la información y a la comunicación, así como la protección de los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la producción audiovisual, lo que implica un respeto irrestricto a los principios de legalidad, debido proceso y el derecho a la defensa, garantizando así la participación activa de los ciudadanos en la vida pública y el ejercicio de sus derechos fundamentales. En este sentido, se hace necesario que las decisiones que se tomen en el ámbito administrativo y jurisdiccional en materia de telecomunicaciones y servicios de producción audiovisual, se ajusten a los principios constitucionales y a las normativas vigentes, asegurando que no se vulneren los derechos de los ciudadanos y se respete el marco legal establecido, permitiendo así un desarrollo armónico y equilibrado de la actividad comunicacional en el país.
Dispositiva
Se declara SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada Roxana Orihuela Gonzatti, actuando con el carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público, contra la decisión Nro. 343 de fecha 31 de mayo de 2011, dictada por el Juzgado de Sustanciación, mediante la cual declaró inadmisibles las pruebas promovidas por dicha representación.