Sentencia N° 785 de 2001: cuestiones previas en juicio de cobro de bolívares

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre las cuestiones previas opuestas por la República de Venezuela y el Presidente del Banco Central de Venezuela en un juicio por cobro de bolívares. La República solicitó la acumulación de autos por conexión, argumentando identidad de título y objeto entre dos demandas, lo cual fue rechazado por la Sala al no verificar dicha identidad. Asimismo, se declaró improcedente la cuestión de ilegitimidad opuesta por el Presidente del Banco Central, quien no fue citado personalmente, sino a través de su apoderado judicial.

PRIMERO: SIN LUGAR la cuestión previa de acumulación de autos propuesta por la REPÚBLICA DE VENEZUELA. SEGUNDO: SIN LUGAR la cuestión previa de ilegitimidad de la persona citada como representante del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA opuesta por el ciudadano ANTONIO CASAS GONZÁLEZ. TERCERO: Pásese el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que la causa continúe el curso de ley, previa notificación de las partes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

La cuestión previa opuesta por la REPÚBLICA DE VENEZUELA se basa en el artículo 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 52 que prevé los supuestos de conexión entre causas pendientes. La REPÚBLICA sostiene que este juicio debe acumularse con el seguido por la sociedad mercantil IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INDUSTRIALES ALO INTERNACIONAL MARKET, C.A. contra la REPÚBLICA DE VENEZUELA y el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, alegando que existe identidad de título y objeto. Sin embargo, la Sala concluye que no se verifica tal identidad, ya que las reclamaciones son distintas en cuanto a los títulos que las respaldan. Por otro lado, la cuestión previa de ilegitimidad opuesta por ANTONIO CASAS GONZÁLEZ se declara improcedente, dado que la citación se realizó válidamente a través de su apoderado judicial, garantizando así el derecho a la defensa y el debido proceso.