Sentencia N° 465 Político-Administrativa TSJ 2001: Luis Alberto Villasmil vs CONSEJO de la JUDICATURA — Recurso…

TSJ/SPA, Sent. N° 00465, Exp. 13906, 27/03/2001 · 22 de marzo de 2001
Expediente13906
Parte actora / solicitanteLUIS ALBERTO VILLASMIL
Parte demandada / contraparteCONSEJO de la JUDICATURA
PonenteLEVIS IGNACIO ZERPA
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoContencioso Administrativo
Fecha de la decisión2001-03-22
DecisiónSin Lugar

Resumen

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Luis Alberto Villasmil contra el acto administrativo que lo destituyó de su cargo como Juez. La Sala declaró sin lugar el recurso, argumentando que el Consejo de la Judicatura actuó dentro de sus competencias y que el recurrente incurrió en abuso de poder y error judicial inexcusable al admitir una acción interdictal sin la debida cualidad de propietario del solicitante. Además, se consideró que la falta de motivación del acto administrativo no era suficiente para anularlo.

Extracto de la motiva

Hechas las anteriores consideraciones, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de anulación ejercido contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el extinto Consejo de la Judicatura, en virtud del cual se decidió la destitución del abogado Luis Alberto Villasmil del cargo que venía desempeñando. Efectuada la lectura del expediente y examinados los alegatos formulados por la parte recurrente así como por el órgano emisor del acto, se observa: El recurrente aduce, en primer término, la ilegitimidad de la persona que se presentó como apoderado del denunciante, por lo que estimó que se incurrió en violación de los artículos 55, tercer aparte y 63 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, al admitir el órgano administrativo la denuncia incoada. Al respecto, el texto íntegro del artículo 55 señala: “El procedimiento disciplinario deberá iniciarse de oficio cuando llegue a conocimiento del Consejo de la Judicatura, información de que el Juez ha incurrido en una presunta falta de las sancionadas por la Ley de Carrera Judicial. El procedimiento disciplinario también podrá iniciarse por denuncia de la parte agraviada, o por solicitud del Ministerio Público, o de cualquiera de los órganos del Poder Público. La denuncia de la persona agraviada deberá formularse bajo juramento, y podrá presentarse personalmente ante el Consejo de la Judicatura o ante cualquier Juez o Notario, quien deberá remitirla inmediatamente al Consejo (omissis)”. A juicio de esta Sala, si bien es cierto que la denuncia constituye una de los mecanismos existentes para enterar al órgano disciplinario sobre la irregularidad cometida por un juez, no es menos cierto que, en definitiva, no representa la única modalidad que determina su iniciación, siendo que además la decisión de apertura del citado procedimiento compete exclusivamente al órgano sancionador, una vez constatados los requerimientos del caso. Siendo ello así, la omisión de los extremos necesarios para acreditar la representación de la persona agraviada, no puede acarrear la nulidad del procedimiento disciplinario sustanciado y ya decidido, pues es indudable que el carácter de orden público y urgente, propio de todo procedimiento disciplinario por virtud de los intereses que involucra, hace apremiante su iniciación y consecuente sustanciación. En ese sentido, se debe desestimar el alegato expuesto por la parte recurrente.

Dispositiva

1.- SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de anulación ejercido por el ciudadano LUIS ALBERTO VILLASMIL conjuntamente con solicitud cautelar de amparo constitucional, contra el acto administrativo de fecha 19 de junio de 1997, dictado por el Tribunal Disciplinario del extinto CONSEJO de la JUDICATURA, acto mediante el cual se le destituyó del cargo de Juez (provisorio) del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 2.- EL DECAIMIENTO de la acción de amparo constitucional declarada con lugar en fecha 04 de febrero de 1998, en virtud del carácter accesorio y cautelar que la distingue respecto de la acción principal, por haber sido ésta ya decidida. En consecuencia, se ordena la devolución del expediente administrativo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

Palabras clave

recurso contencioso-administrativonulidaddestituciónabuso de podererror judicialLey de Carrera Judicialinterdicto restitutorioprocedimiento disciplinario

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