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Resumen
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Luis Alberto Villasmil contra el acto administrativo que lo destituyó de su cargo como Juez. La Sala declaró sin lugar el recurso, argumentando que el Consejo de la Judicatura actuó dentro de sus competencias y que el recurrente incurrió en abuso de poder y error judicial inexcusable al admitir una acción interdictal sin la debida cualidad de propietario del solicitante. Además, se consideró que la falta de motivación del acto administrativo no era suficiente para anularlo.
Lo que ordenó la Sala
1.- SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de anulación ejercido por el ciudadano LUIS ALBERTO VILLASMIL conjuntamente con solicitud cautelar de amparo constitucional, contra el acto administrativo de fecha 19 de junio de 1997, dictado por el Tribunal Disciplinario del extinto CONSEJO de la JUDICATURA, acto mediante el cual se le destituyó del cargo de Juez (provisorio) del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 2.- EL DECAIMIENTO de la acción de amparo constitucional declarada con lugar en fecha 04 de febrero de 1998, en virtud del carácter accesorio y cautelar que la distingue respecto de la acción principal, por haber sido ésta ya decidida. En consecuencia, se ordena la devolución del expediente administrativo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
El fundamento
Hechas las anteriores consideraciones, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de anulación ejercido contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el extinto Consejo de la Judicatura, en virtud del cual se decidió la destitución del abogado Luis Alberto Villasmil del cargo que venía desempeñando. Efectuada la lectura del expediente y examinados los alegatos formulados por la parte recurrente así como por el órgano emisor del acto, se observa: El recurrente aduce, en primer término, la ilegitimidad de la persona que se presentó como apoderado del denunciante, por lo que estimó que se incurrió en violación de los artículos 55, tercer aparte y 63 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, al admitir el órgano administrativo la denuncia incoada. Al respecto, el texto íntegro del artículo 55 señala: “El procedimiento disciplinario deberá…
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… iniciarse de oficio cuando llegue a conocimiento del Consejo de la Judicatura, información de que el Juez ha incurrido en una presunta falta de las sancionadas por la Ley de Carrera Judicial. El procedimiento disciplinario también podrá iniciarse por denuncia de la parte agraviada, o por solicitud del Ministerio Público, o de cualquiera de los órganos del Poder Público. La denuncia de la persona agraviada deberá formularse bajo juramento, y podrá presentarse personalmente ante el Consejo de la Judicatura o ante cualquier Juez o Notario, quien deberá remitirla inmediatamente al Consejo (omissis)”. A juicio de esta Sala, si bien es cierto que la denuncia constituye una de los mecanismos existentes para enterar al órgano disciplinario sobre la irregularidad cometida por un juez, no es menos cierto que, en definitiva, no representa la única modalidad que determina su iniciación, siendo que además la decisión de apertura del citado procedimiento compete exclusivamente al órgano sancionador, una vez constatados los requerimientos del caso. Siendo ello así, la omisión de los extremos necesarios para acreditar la representación de la persona agraviada, no puede acarrear la nulidad del procedimiento disciplinario sustanciado y ya decidido, pues es indudable que el carácter de orden público y urgente, propio de todo procedimiento disciplinario por virtud de los intereses que involucra, hace apremiante su iniciación y consecuente sustanciación. En ese sentido, se debe desestimar el alegato expuesto por la parte recurrente.
Palabras clave
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Leyes y artículos que aplica
- Ley Orgánica del Consejo de la JudicaturaderogadaArtículos 13, 15, 45, 55, 57, 63, 67, 217774 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código de Procedimiento CivilArtículos 670, 697, 698, 699103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY DE CARRERA JUDICIALArtículos 44, 44.12971 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Procedimientos AdministrativosArtículos 18, 4810.406 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código CivilArtículo 78323.425 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY DE PROPIEDAD HORIZONTALArtículo 4312 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGANICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAderogadaArtículo 9415.813 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre contencioso administrativo
N° 1454 · 2002Recurso contencioso administrativo de nulidad→N° 1438 · 2002Regulación de competencia en recurso contencioso tributario→N° 1389 · 2002Nulidad de resolución administrativa→N° 1388 · 2002Nulidad de resolución del Fiscal General de la República→N° 1430 · 2002Declaración de perención de instancia en recurso contencioso administrativo→
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Datos del expediente
Expediente13906
PonenteLevis Ignacio Zerpa
Fecha de la decisión22 de marzo de 2001
Tipo de recursoContencioso Administrativo
MateriaContencioso-Administrativo
Parte actora / solicitanteLuis Alberto Villasmil
Parte demandada / contraparteCONSEJO de la JUDICATURA
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.