Sentencia N° 2743 de 2001: inadmisibilidad de demanda de nulidad de contrato de préstamo

… Registro del Municipio Maturín del Estado Monagas, el 09 de febrero de 1999, bajo el N° 1, tomo 14, Protocolo Primero, entre el nombrado BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., y MONAGAS PLAZA C.A. (...)”. Ello en virtud, de la incompetencia de esta Sala para conocer de la demanda interpuesta. En consecuencia, se REVOCA el auto de fecha 18 de noviembre de 1999, dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, mediante el cual se admitió la demanda interpuesta. Se condena a la parte demandante, ciudadano Pietro Greco Marino al pago de costas de conformidad con lo establecido en los artículos 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

… Maturín del Estado Monagas, el 09 de febrero de 1999, bajo el N° 1, tomo 14, Protocolo Primero, entre el nombrado BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., y MONAGAS PLAZA C.A. (...)”. la cuantía de dicha demanda fue estimada en la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN BOLIVARES (Bs. 3.868.537.631,00). Ante tal solicitud, observa esta Sala que en el caso de autos la demanda interpuesta, si bien está estimada en una cantidad de dinero determinada, el objeto de la misma, es que este Máximo Tribunal declare la nulidad del contrato de préstamos con garantía hipotecaria celebrado entre el ciudadano Carlos Termini Bellone por una parte, y el Banco Industrial de Venezuela C.A. por la otra. Planteada así la pretensión de la demanda interpuesta, observa esta Sala que la entidad bancaria demandada, si bien, es una sociedad mercantil creada bajo el régimen de derecho privado, el Ejecutivo Nacional detenta mas del noventa y cinco por ciento (95%) de sus acciones, razón por la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, correspondería a esta Sala Político-Administrativa, el conocimiento de la presente demanda. No obstante lo establecido anteriormente, se observa que en el presente caso, si bien, la cuantía de la demanda en cuestión fue estimada en la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN BOLIVARES (Bs. 3.868.537.631,00), el objeto de la misma, no es buscar una condena patrimonial que afecte los intereses de la República, sino que por el contrario, es que este órgano jurisdiccional declare la nulidad del contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre el ciudadano Carlos Termini Bellone y el Banco Industrial de Venezuela C.A. Siendo ello así, estima esta Sala que le sería imposible asumir la competencia para conocer de la demanda interpuesta de conformidad con lo preceptuado en el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se decide.