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Sala Político Administrativa · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 2425 de 2001: nulidad de acto administrativo en licitación pública

30 de octubre de 2001Contencioso-AdministrativoNulidadCon lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Hyundai Consorcio contra la resolución del Ministro del Interior y Justicia que revocó la buena pro otorgada en la licitación para el Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano.

Cita oficial: TSJ/SPA, Sent. N° 02425, Exp. 01-0731, 30/10/2001

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Resumen

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Hyundai Consorcio contra la resolución del Ministro del Interior y Justicia que revocó la buena pro otorgada en la licitación para el Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano. La Sala consideró que el acto administrativo impugnado no cumplió con los requisitos legales establecidos, afectando el derecho a la defensa y al debido proceso del recurrente. En consecuencia, se ordenó notificar a las autoridades pertinentes y se declaró sin lugar la acción de amparo cautelar solicitada por los apoderados de Hyundai Consorcio.

Lo que ordenó la Sala

1.- ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados GERMÁN RAMÍREZ MATERÁN y THÁBATA CAROLINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de apoderados judiciales de HYUNDAI CONSORCIO y de las sociedades mercantiles que integran dicho consorcio HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY, CO., LTD, ADVANCE INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., DACOM SYSTEM TECHNOLOGIES, INC y SIDIF DE VENEZUELA, S.A., contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la resolución número 312 de fecha 30 de agosto de 2001, dictada por el Ministro del Interior y Justicia mediante la cual revocó la buena pro otorgada al Consorcio Hyundai en la Licitación anunciada internacionalmente Nº MIJ-00-09-01, correspondiente al SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL Y CONTROL CIUDADANO (SINACOC), publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.272 de fecha 30 de agosto de 2001. 2.- El DECAIMIENTO…
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… DEL OBJETO de la solicitud de suspensión de efectos presentada de conformidad con la norma dispuesta en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 3.- SIN LUGAR la acción de amparo cautelar solicitada por los apoderados judiciales de HYUNDAI CONSORCIO contra el acto administrativo impugnado, ejercida conjuntamente con el recurso de nulidad a que se refieren estas actuaciones. 4.- ORDENA la remisión del presente expediente contentivo del recurso de nulidad al Juzgado de Sustanciación, a fin de que examine lo atinente a la caducidad de la acción y al agotamiento previo de la vía administrativa y de ser procedente se continúe la sustanciación del caso.

El fundamento

El derecho al debido proceso -dentro del cual se encuentra contenido el derecho a la defensa- es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, teniendo su fundamento en el principio de igualdad ante la Ley, toda vez que el “debido proceso” significa que las partes, en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial, deben tener igualdad de oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos. A tal efecto, en sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2000 (Caso: Juan Carlos Pareja Perdomo), esta Sala dejó sentado lo siguiente: “La doctrina comparada, al estudiar el contenido y alcance del derecho al debido proceso ha precisado que se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el…
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… procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental.
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Palabras clave

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Datos del expediente
Expediente01-0731
PonenteHadel Mostafá Paolini
Fecha de la decisión30 de octubre de 2001
Tipo de recursoNulidad
MateriaContencioso-Administrativo
Parte actora / solicitanteHyundai Consorcio
Parte demandada / contraparteMinistro del Interior y Justicia
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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