Sentencia N° 2156 de 2001: apelación en acción de amparo constitucional

… conforme al cual la resolución impugnada vulnera derechos adquiridos, dada la previa opinión de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) de fecha 30 de junio de 1997, que le favorecía, determinó que la accionante no planteó la violación del principio de irretroactividad de la ley sino más bien su argumento está dirigido a fundamentar la transgresión de la cosa juzgada administrativa, en atención a ello lo que está planteado es una cuestión de ilegalidad que no debe ser tramitada a través de la acción de amparo sino por vía de la acción principal y a tal efecto desestimó la denuncia en referencia. 2.- En cuanto al argumento conforme al cual se habrían violado los derechos constitucionales de la accionante con base en lo prescrito en el numeral 7 del artículo 49 de la Constitución vigente, dado que mediante el acto administrativo previo se confirieron derechos subjetivos, estimó la Corte que la resolución emanada de SUDEBAN el 30 de junio de 1997, no es un acto constitutivo de derechos, pues en esa oportunidad el mencionado organismo tan solo se limitó a declarar su incompetencia para autorizar la actividad de transferencia de dinero efectuada por la prenombrada compañía. 3.- Con relación a la supuesta violación del derecho a la libertad económica, la Corte señaló que el artículo 112 de la Carta Magna, no está consagrado como un derecho absoluto sino que la propia Constitución lo limita, por tanto existe la posibilidad de que el acto impida la realización de una actividad económica y no por ello sea inconstitucional como ocurre en el caso de autos, ya que en virtud de los artículos 4 y 162 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), está facultada para ejercer las actividades de control e inspección a las empresas que según su normativa deban de tener alguna clase de permiso para ejercer las actividades sometidas a autorización por dicha ley, por tanto declaró que la suspensión de las actividades de la accionante fue realizada dentro de un límite legítimo, sin determinar si la misma encuadra dentro de la actividad de intermediación financiera, lo cual según el fallo debe ser objeto de examen en el recurso principal.