Sentencia N° 1743 de 2001: ejecución forzosa de sentencia

La sentencia se refiere a la solicitud de ejecución forzosa de una sentencia dictada el 11 de noviembre de 1999, en la que se requería información sobre la disponibilidad de la partida destinada al pago de sentencias judiciales. El abogado José Guillermo Andueza, en representación de LUZ MAGALY SERNA RUGELES, solicitó que se oficiara al Ministerio de Salud y Desarrollo Social para que informara sobre el cumplimiento de la ejecución voluntaria decretada por la Sala el 15 de junio de 2000. La Sala ordenó que se oficiara al Ministro para que informara sobre el cumplimiento del auto de ejecución voluntaria y la forma de pago, aplicando el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal por vía analógica.

Ofíciese al Ministro de Salud y Desarrollo Social, a objeto de que informe a esta Sala acerca del cumplimiento del auto que acordara la ejecución voluntaria, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del recibo del oficio respectivo e igualmente de la forma en que se efectuará el pago, teniendo en consideración lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la cual se aplica por vía analógica, por no existir norma expresa al respecto. Anéxense al oficio copias certificadas de las sentencias de fechas 11 de noviembre de 1999 y 15 de junio de 2000 e igualmente copia certificada de la presente actuación.

La Sala, al considerar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia dictada el 11 de noviembre de 1999, y la ratificación del apoderado judicial, estima pertinente oficiar al Ministro de Salud y Desarrollo Social para que informe sobre el cumplimiento del auto de ejecución voluntaria. Se destaca que, ante la falta de norma expresa, se aplica el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal por vía analógica, lo que permite establecer un procedimiento claro para la ejecución de la sentencia. La Sala enfatiza la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y la necesidad de que las autoridades competentes respondan a las solicitudes de información en un plazo razonable, asegurando así el respeto a los derechos de los ciudadanos.