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Resumen
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara consumada la perención y extinguida la instancia en un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por José Quijada Gamboa contra una resolución del Ministerio de Hacienda. La decisión se basa en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que establece la extinción de la instancia cuando la causa ha estado paralizada por más de un año. En este caso, se constató que el proceso había estado inactivo desde el 2 de julio de 1969 hasta la fecha de la sentencia.
Lo que ordenó la Sala
En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
El fundamento
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte. En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención: “Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de…
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… julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.
Palabras clave
perenciónnulidadcontencioso administrativoinactividad procesalLey Orgánica de la Corte Suprema de JusticiaMinisterio de Haciendajusticiaactos del Poder Público
Leyes y artículos que aplica
- Código de Procedimiento CivilArtículo 407103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGANICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAderogadaArtículo 8615.813 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre nulidad
N° 1458 · 2002Declinación de competencia en materia de nulidad de contrato administrativo→N° 1459 · 2002Homologación del desistimiento del recurso de nulidad→N° 1460 · 2002Inadmisibilidad de recurso contencioso administrativo→N° 1457 · 2002Recurso contencioso-administrativo de nulidad→N° 1453 · 2002Demanda de indemnización por daño moral→
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Datos del expediente
Expediente1722
PonenteHadel Mostafá Paolini
Fecha de la decisión10 de julio de 2001
Tipo de recursoNulidad
MateriaContencioso-Administrativo
Parte actora / solicitanteJosé Quijada Gamboa
Parte demandada / contraparteMinisterio de Hacienda
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.