La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Servicios Angeligón, S.R.L. contra una providencia administrativa de la Inspectoría del Trabajo. La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo había declarado inadmisible el recurso por caducidad, lo que generó un conflicto negativo de competencia que fue remitido a la Sala Político-Administrativa para su resolución.
Extracto de la motiva
Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, y en especial el contenido de las decisiones dictadas por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, correspondería a esta Sala decidir cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la presente causa. Sin embargo, se observa que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia N° 2004-0401 de fecha 21 de diciembre de 2004, aceptó la competencia para conocer del caso bajo examen, invocando para ello lo establecido por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2.862 del 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcátegui) en la que dicha Sala, con fuerza vinculante, fijó la competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer de los recursos de nulidad interpuestos, contra las decisiones emanadas de las Inspectorías del Trabajo. Asimismo, en la aludida decisión, dicho órgano jurisdiccional, declaró inadmisible el recurso ejercido por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Servicios Angeligón, S.R.L., contra la Providencia Administrativa Nº 64-2002 de fecha 25 de septiembre de 2002, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del Estado Carabobo, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Sabino Antonio Bracho, también identificado, contra la recurrente.
Dispositiva
1.- NO HAY MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR respecto del tribunal competente para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el apoderado judicial de la sociedad mercantil SERVICIOS ANGELIGÓN, S.R.L., contra la Providencia Administrativa Nº 64-2002 de fecha 25 de septiembre de 2002, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUÍN Y DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Sabino Antonio Bracho, contra la recurrente. 2.- ORDENA remitir el presente expediente a la CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, a los fines de que dicho órgano jurisdiccional notifique a la parte recurrente del contenido de la sentencia N° 2004-0401 que dictó en fecha 21 de diciembre de 2004.