Sentencia N° 1283 Político-Administrativa TSJ 2001: Rafael Getulio Diaz Soliz vs INSTITUTO AGRARIO NACIONAL y el ESTADO…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Carabobo para conocer de la acción de nulidad de venta interpuesta por el ciudadano Rafael Getulio Díaz Soliz. La decisión se fundamenta en la normativa que establece que las demandas contra la República o algún Instituto Autónomo deben ser conocidas por esta Sala, siempre que la cuantía exceda de cinco millones de bolívares y no esté atribuida a otra autoridad. Se ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación para continuar el procedimiento.

El numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente dispone: Artículo 42.- Es de la Competencia de la Corte Suprema como más alto Tribunal de la República:…(Omissis) Ordinal 15º.- Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad. Asimismo, el Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Adscripción de Institutos Autónomos y Fundaciones del Estado Nº 257, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.775 de fecha 30 de agosto de 1999, establece: “Artículo 6: Quedan bajo la adscripción y tutela del Ministerio de la Producción y el Comercio los siguientes Organismos: ...omissis.. . Instituto Agrario Nacional. ...omissis...”(destacado nuestro) Como se puede observar, las normas citadas supra indican que las demandas contra la República o algún Instituto Autónomo o Empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, cuya cuantía sea superior a Cinco Millones de Bolívares y cuyo conocimiento no esté atribuida a otra autoridad, deben ser conocidas por la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), específicamente por la Sala Político-Administrativa, a la cual conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, le corresponde entre otras competencias, el conocimiento de las acciones: “...que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o Empresa en la cual el estado tenga participación decisiva, de conformidad al ordinal 15º del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia” ( vide. decisión de la Sala Político Administrativa del 17 de febrero del presente año, caso: AEROLINK INTERNACIONAL, S.A. Vs. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA). Por los razonamientos anteriormente expuestos y por cuanto el legislador ha otorgado a esta Sala una competencia residual para conocer de cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal Supremo de Justicia, si no está atribuida a alguna de las otras Salas, tal como lo establece el artículo 43 de la ley que rige las funciones de este organismo, corresponde a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de la presente causa.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por auto de fecha 1 de agosto de 2000, para conocer y decidir la presente acción. En consecuencia, remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que continúe el procedimiento, en el estado en que se encuentra. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.