Sentencia N° 1252 Político-Administrativa TSJ 2000: Corporación el Gran Blanco C.A. vs NEDLLOYD LIJNEN B.V. ROTTERDAM y NEDLLOYD…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos en un caso de daños y perjuicios. La controversia surgió de un conocimiento de embarque emitido por una sociedad extranjera, donde se alegó falta de jurisdicción por parte del tribunal venezolano. La Sala determinó que, aunque existía una cláusula de sumisión a la jurisdicción de las Cortes de Rotterdam, esta no era válida debido a que el contrato era un contrato de adhesión, lo que limitaba la capacidad de las partes para negociar sus términos. La Sala concluyó que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de la demanda, revocando así la decisión del tribunal inferior que había declarado la falta de jurisdicción. Se ordenó la continuación del proceso en el tribunal correspondiente, permitiendo que la parte demandante pudiera buscar reparación por los daños sufridos. La decisión se fundamentó en la interpretación de la Ley de Derecho Internacional Privado y en la protección del acceso a la justicia, resaltando que las cláusulas que limitan la jurisdicción deben ser consensuadas y no impuestas unilateralmente.

Esta Sala en anteriores oportunidades ha señalado que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la Administración Pública o a un juez extranjero; en el presente caso se plantea la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos de acuerdo al último de los supuestos mencionados. En efecto, se desprende del expediente el ejercicio de una acción por daños y perjuicios derivados del presunto incumplimiento de varias cláusulas contenidas en un conocimiento de embarque emitido en Georgetown, Guyana, por una sociedad de comercio extranjera, a los fines de transportar una mercancía adquirida por una compañía venezolana desde Guyana hasta el Puerto de La Guaira, Venezuela. Se trata, pues, de un asunto con elementos de extranjería relevantes que impone ser analizado a la luz del Derecho Internacional Privado, con miras a precisar la jurisdicción para proveer sobre lo demandado, para lo cual debe procederse a la revisión de las fuentes del Derecho Internacional Privado previstas en el artículo 1º de la nueva Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.511, del 06 de agosto de 1998, vigente a partir del 06 de febrero de 1999, cuyo texto establece: "Artículo 1. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados." Conforme a las indicadas reglas, se observa que no existiendo tratado alguno entre Holanda y Venezuela que regule lo referente a la materia de jurisdicción, se hace necesario el examen de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano a los fines de la correspondiente determinación.

Consecuente con todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que corresponde a los tribunales venezolanos la jurisdicción para conocer y decidir sobre la demanda por daños y perjuicios intentada por CORPORACIÓN EL GRAN BLANCO C.A. contra la sociedad de comercio NEDLLOYD LIJNEN B.V. ROTTERDAM y solidariamente contra NEDLLOYD MARITIME DE VENEZUELA C.A. En consecuencia, revoca la decisión de fecha 10 de julio de 1998 dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a cuya sede se ordena la devolución del expediente a los fines de que continúe la tramitación de la causa.