Sentencia N° 3050 Político-Administrativa TSJ 2001: GAETANO PONTILLO BASILE y BERNADETTE DA SILVA… vs Lucila Rodríguez

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia del Poder Judicial para conocer de la acción de desalojo interpuesta por los ciudadanos Gaetano Pontillo Basile y Bernadette Da Silva de Pontillo contra Lucila Rodríguez. La Sala revocó la decisión del Juzgado Séptimo que había declarado su falta de jurisdicción, afirmando que corresponde al Poder Judicial decidir sobre la ejecución de actos administrativos de desalojo emitidos por la Administración Pública.

La doctrina de esta Sala, que nuevamente se reitera en esta oportunidad, es que corresponde a los órganos del Poder Judicial la jurisdicción para conocer asuntos como el de autos debido a que, cuando la Administración emite un acto autorizatorio para proceder al desalojo de un inmueble, este acto simplemente lo que hace es autorizar al arrendador para que acuda ante la jurisdicción ordinaria y en ningún momento constituye obligación alguna de desalojar por parte de la misma Administración de la cual emana el acto. Ahora bien, por tener el acto emanado de la Administración carácter autorizatorio, el mismo carece de ejecutoriedad, lo que le impide a la Administración autora del mismo proceder a exigir su cumplimiento, correspondiéndole, por el contrario, al Poder Judicial la jurisdicción para resolver sobre su ejecución. Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado en diversos casos, tales como la sentencia Nº 461 de fecha 11 de julio de 1996, Francisco Lugo Porras vs. Brunilda Caripe y en la sentencia de fecha 30 de julio de 1991, Daniel López Peitiao vs. Rafael Zamora Ortiz.

Consecuente con los criterios antes expuestos esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que CORRESPONDE AL PODER JUDICIAL el conocimiento y decisión de la acción que por desalojo han ejercido, los ciudadanos GAETANO PONTILLO BASILE y BERNARDETTE DA SILVA DE PONTILLO, contra su arrendataria la ciudadana LUCILA RODRÍGUEZ. Queda así revocada la decisión impugnada, emitida por el Juzgado Séptimo de Parroquia del Distrito Federal del Circuito Nº 2, de fecha 12 de junio de 1990. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, encargado de la distribución. Cúmplase lo ordenado.