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Resumen
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil Salinas de Araya contra un decreto del Gobernador del Estado Sucre. El tribunal inferior se declaró incompetente, lo que llevó a la Sala a analizar la naturaleza del contrato de concesión relacionado con el caso y la competencia de los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo. Finalmente, la Sala decidió no aceptar la declinatoria de competencia y declaró que el juzgado remitente era el competente para conocer del asunto.
Lo que ordenó la Sala
Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el tribunal remitente y DECLARA que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental tiene competencia para conocer y decidir la presente causa. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental. Cúmplase lo ordenado.
El fundamento
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que…
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… ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.
Palabras clave
amparo constitucionalcompetenciacontrato administrativodecretoGOBERNADOR DEL ESTADO SUCREsalinasjusticiajurisdicción
Leyes y artículos que aplica
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 5, 7, 939.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGANICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAderogadaArtículo 4215.813 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
N° 1450 · 2002Conflicto de competencia en amparo constitucional→N° 1446 · 2002Apelación en amparo constitucional→N° 1422 · 2002Consulta sobre amparo constitucional en caso de desincorporación de curso…→N° 1398 · 2002Aceptación de competencia en apelación de amparo constitucional→N° 1367 · 2002Amparo constitucional→
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Datos del expediente
Expediente01-0220
PonenteLevis Ignacio Zerpa
Fecha de la decisión21 de junio de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaContencioso-Administrativo
Parte actora / solicitanteSalinas de Araya “salaraya”, C.A.
Parte demandada / contraparteGobernador DEL Estado Sucre
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.