Sentencia N° 222 de 2001: recurso de casación interpuesto por la parte demandada

… posteriormente ordena que a los efectos de la condena, se cuantifiquen los montos que por tal concepto se causaron. Respecto al requisito de la motivación, ha sido doctrina pacífica y constante de la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, la cual es acogida plenamente por esta Sala de Casación Social, la siguiente: ‘Respecto a la violación del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por la formalizante, esta Sala ha sostenido de manera inveterada, constante y pacífica que el vicio de inmotivación se verifica cuando en la sentencia suceda alguna de las siguientes hipótesis: ‘...1) Si no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo; 2) Si las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas; 3) Los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, situación comparable a la falta absoluta de fundamentos; 4) Los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión, y 5). Cuando el sentenciador incurre en el denominado vicio de silencio de prueba’. Para verificar la certeza de lo aseverado por el formalizante la Sala extrae de la recurrida lo siguiente: ‘Este Juzgador considera que los mismos deben ser negados en los montos demandados, por cuanto la parte demandante, aun cuando su contraparte nada demostró al respecto, debió, mediante una experticia contable realizada mediante un experto nombrado y juramentado por el Tribunal como auxiliar de justicia, demostrar fehacientemente que dichas tasas de interés eran las vigentes para el momento de su cálculo, ya que las mismas no son un hecho notorio que debe ser conocido por el Juez, como si lo constituye la del fenómeno inflacionario, mas alejado aun de ser un hecho que pueda subsumirse dentro del principio del IURA NOVIT CURIA, por cuanto tanto las tasas de interés como el Índice del Precio al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas emitida por el Banco Central de Venezuela no son preceptos normativos que debe conocer el Juez. Lo anterior no obsta para que este sentenciador ordene mediante experticia complementaria al fallo, el cálculo de los intereses moratorios generados desde el vencimiento de las obligaciones demandadas, es decir, desde el momento en que se hicieron exigibles (desde el 20 de Agosto de 1.998 para el pagaré o instrumento marcado ‘B’, y desde el 24 de agosto de 1998 para el pagaré o instrumento marcado ‘C’), hasta la definitiva y total cancelación de las mismas, como en efecto así se ordena, por cuanto la insolvencia o retardo en el pago (mora solvendi) no puede convertirse en un beneficio para el deudor moroso en detrimento de su acreedor, por el solo hecho de no haberse demostrado el monto de los intereses demandados cuando ciertamente se deben los referidos intereses moratorios, dada la tardanza en el pago de la obligación dineraria por parte del deudor, como resulta en el caso de especie; ello sí deberá tomarse en consideración para su cálculo la forma y periodicidad convenidas entre las partes en las obligaciones demandadas y con base a tasa de Interés Activa máxima establecida para las operaciones del Sector Agrícola por el Banco Central de Venezuela, vigentes para el momento de la exigibilidad de los respectivos intereses moratorios, mas la suma del tres por ciento (3%) anual dispuesto convencionalmente en los referidos instrumentos o pagarés agrícolas insolutos, todo ello con fundamento a lo dispuesto en el artículo 1.264 del Código Civil. Así se establece.