Sentencia N° 524 — Sala de Casación Penal del TSJ, 15 de octubre de 2008

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de radicación de juicio presentada por los fiscales Christian Quijada y Harrinson González, en relación a un caso que involucra a varios ciudadanos acusados de asociación para delinquir y sicariato. La solicitud se fundamenta en la gravedad de los delitos y el escándalo público que han causado en la comunidad de El Tigre, Estado Anzoátegui, donde se cometieron los hechos. La Sala considera que la radicación es procedente para garantizar la imparcialidad del juicio, dado que los acusados son funcionarios policiales implicados en la comisión de los delitos.

La radicación, debido a su naturaleza jurídica, instaura una excepción al principio de competencia territorial, establecida en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal. Debido a esta excepcionalidad deben cumplirse los supuestos establecidos en la citada ley, con la finalidad de mantener una sana y recta administración de justicia, que garantice a las partes la imparcialidad del Juzgador y el buen desenvolvimiento del juicio. Ahora bien, en el planteamiento del Ministerio Público se puede observar, que fundamentaron su escrito en la gravedad de los hechos punibles y en el quantum de la pena que pudiere imponerse, manifestando además que las circunstancias del hecho han causado alarma, sensación y escándalo público en la población de El Tigre, por estar involucrados funcionarios de la Policía del Municipio Simón Rodríguez que cumplen labores de custodia y patrullaje en la región. Tal situación ha obligado al Ministerio Público, a delegar las investigaciones del caso a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Distrito Capital debido a: '… la gran posibilidad que existe, de que miembros de los cuerpos policiales y de seguridad regional, puedan obstruir y entorpecer la investigación intencionalmente…'. Por otra parte, resaltaron los solicitantes, que el ciudadano Víctor Emir Palmar (victima en el presente caso y occiso), era funcionario adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub Delegación El Tigre, siendo señalado como una persona de '…larga trayectoria y reconocimiento por su lucha incansable en contra de Bandas Organizadas que operan en dicha Entidad Federal (…) entre ellas las denominadas ‘Los Sanguinarios’ (…) grupo delictivo al cual pertenecen los ciudadanos hoy acusados…', situación que ha producido fundado temor en la colectividad y, en las personas a quienes corresponden desarrollar la labor de escabinos en el presente caso.

La Sala de Casación Penal, con el propósito de resguardar la seguridad de todas las partes involucradas en el presente proceso, así como garantizar el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, de forma expedita, equitativa y con respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal; en atención a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, considera procedente declarar CON LUGAR la radicación del juicio seguido a los ciudadanos JOEL ERICKSON TOLEDO VERACIERTA, DAMNEPH ENRIQUE GÚZMAN CONTRERAS, ANDRES AVELINO PERAL MARAY, RAFAEL EDUARDO TIAPA LEÓN, ROBERTH JOSÉ MEDINA GOITES Y ANGEL ARQUÍMEDEZ LOGAN RODRÍGUEZ; y ordena la radicación del mismo en el Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.