Sentencia N° 510 de 2026: avocamiento

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por la abogada Jordelys Anaís Gámez Flores, quien se atribuye el carácter de defensora privada del ciudadano José Gregorio Fidelis Guita. La decisión se fundamenta en la falta de legitimación ad procesum, ya que la solicitante no presentó el acta de designación y juramentación que la habilitara para actuar en el proceso penal de origen.

Declara INADMISIBLE la solicitud de AVOCAMIENTO interpuesta por la abogada JORDELYS ANAÍS GÁMEZ FLORES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 100.757, atribuyéndose el carácter de defensora privada del ciudadano JOSÉ GREGORIO FIDELIS GUAITA, titular de la cédula de identidad N° V-29.946.157; respecto a la causa penal identificada con el alfanumérico JP21-P-2025-000077, la cual cursa actualmente ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, por la presunta comisión de los delitos de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en virtud de haberse constatado el incumplimiento de las regulaciones exigidas en el ordenamiento jurídico venezolano para la procedibilidad de tal solicitud, delimitada en el artículos 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La demostración fehaciente de la legitimidad constituye un requisito de orden público, ineludible e impretermitible, para que esta Sala pueda verificar la legitimación ad procesum, indispensable para activar esta jurisdicción extraordinaria. Dicha carga procesal compete única y exclusivamente a la parte accionante y no puede ser suplida por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, la aportación de recaudos puramente formales o informativos no convalidan la ausencia del instrumento matriz de representación; circunstancia que configura una manifiesta insuficiencia documental que impide a este Máximo Tribunal constatar la capacidad jurídica de la solicitante, obligando indefectiblemente al rechazo de la acción.