Sentencia N° 410 — Sala de Casación Penal del TSJ, 5 de agosto de 2024

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano DANIEL EDUARDO CARRASQUEL BETANCOURT, requerido por las autoridades venezolanas por la presunta comisión de delitos graves, incluyendo homicidio calificado y robo agravado. Se establece que el ciudadano se encuentra detenido en Panamá y se cumplen los requisitos legales para su extradición, garantizando su derecho a un juicio justo en Venezuela. La decisión incluye el compromiso del Estado venezolano de respetar los derechos humanos del extraditado.

Esta Sala de Casación Penal, pasa a decidir la procedencia de la extradición activa y, en tal sentido: a) De las normas internas aplicables El artículo 3 del Código Penal venezolano establece que: “(…) Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana (…)”. La disposición normativa en comento consagra el principio de la territorialidad de la ley penal, conforme al cual el Estado venezolano tiene la facultad para juzgar los delitos cometidos dentro de su espacio geográfico. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, el procedimiento de extradición “... se rige por lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por la República”. En este sentido, se debe considerar que la extradición activa es un mecanismo que permite al Estado venezolano solicitar la entrega de un ciudadano que se encuentra en el extranjero, a fin de que sea juzgado o cumpla una pena impuesta por un delito cometido en el territorio nacional. Asimismo, se debe garantizar que el ciudadano requerido en extradición no será sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo tanto el ciudadano requerido en extradición, será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; 49, derecho al debido proceso, conforme al cual el ciudadano requerido en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas; y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley, 83, la que concierne a la salud como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza al ciudadano solicitado en extradición como parte del derecho a la vida, 272, referente al derecho que tiene la persona condenada a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado, en caso que sea dictada sentencia condenatoria y que no podrá ser juzgado por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a la referida solicitud. Asimismo, no será condenado a pena de muerte o cadena perpetua, ni a pena superiores a treinta años, y, además, el Estado venezolano garantiza al mencionado ciudadano, todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad. Igualmente que, se tomará en cuenta el tiempo que el ciudadano requerido ha estado detenido en la República de Panamá, con motivo de la presente solicitud.

Se declara procedente solicitar a la República de Panamá la extradición activa del ciudadano DANIEL EDUARDO CARRASQUEL BETANCOURT, identificado con la cédula de identidad número V- 26.965.857, para su enjuiciamiento, así como, para el cumplimiento de la condena impuesta de SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES de prisión, en territorio venezolano.