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Resumen
En el juicio por intimación de honorarios profesionales, el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, decidió declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por ANNA MARÍA TIRONE de SANTILLI. La Sala encontró que el juez de la instancia no se atuvo a lo alegado y probado en autos, violando el derecho a la defensa de la intimada al no considerar su oposición al cobro de honorarios y su derecho de retasa. La decisión del Juzgado Superior fue anulada y se ordenó remitir las actuaciones al Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo para que decida conforme a derecho.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones anteriormente expuesta, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la ciudadana ANNA MARÍA TIRONE DE SANTILLI, contra la decisión dictada el 10 de agosto de 1998 por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Se ordena remitir las presentes actuaciones al Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, para que decida con prescindencia del vicio señalado en el presente fallo. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.
El fundamento
El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil establece, al señalar los deberes del Juez en el proceso, que éste debe atenerse a lo alegado y probado en autos. Y el ordinal 5º del artículo 243 de ese Código dispone que toda sentencia debe contener 'decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas'. Examinado el recurso interpuesto la Sala encuentra que es fundado el alegato de la recurrente, en el cual denuncia la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y del ordinal 5º del artículo 243 del mismo Código. En efecto el sentenciador, en la parte dispositiva del fallo recurrido, condena a la intimada ANNA MARÍA TIRONE DE SANTILLI al pago de los honorarios profesionales reclamados por el intimante ALFREDO ESPINOSA AGUAIDA, causados en el expediente Nº 9135 y sobre la base de 'que la parte intimada, no…
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… probó la liberación de sus obligaciones, por lo tanto, queda obligada a pagar la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 5.800.000,oo)'. Sin embargo, la Sala encuentra (por la revisión que ha hecho de la sentencia impugnada) que para nada menciona el sentenciador la defensa alegada por la intimada, acerca de acogerse al derecho de retasa, como ésta lo planteó en el escrito que presentó el 28 de enero de 1997, en el cual además de formular oposición al cobro de los honorarios intimados, se acogió a ese derecho cuando textualmente expuso: 'A TODO EVENTO ME ACOJO AL DERECHO DE RETASA'. Derecho ése establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, por lo que el juez de la recurrida, al proceder sin tomar en consideración de manera expresa la referida defensa de la intimada, con los efectos que dicho derecho tiene, violó los artículos 12 y 243 (ordinal 5º) del Código de Procedimiento Civil, por no haberse atenido a lo alegado por la intimada. Por tanto es procedente la presente denuncia y se declara con lugar.
Palabras clave
honorarioscasaciondefensaretasaprocedimiento civilintimacion
Leyes y artículos que aplica
- Código de Procedimiento CivilArtículos 12, 243, 244, 313103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY DE ABOGADOSArtículo 222.854 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre casacion penal
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Datos del expediente
Expediente98-1631
PonenteAlejandro Angulo Fontiveros
Fecha de la decisión24 de octubre de 2000
Tipo de recursoCasacion Penal
MateriaCivil
Parte actora / solicitanteAlfredo Espinosa Aguaida
Parte demandada / contraparteANNA MARÍA TIRONE de SANTILLI
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.