Sentencia N° 504 de 2026: honorarios profesionales

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Anarelis Arena, contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo de Nueva Esparta. La decisión se basa en la falta de pronunciamiento sobre la inepta acumulación de acciones y la omisión de pronunciamiento sobre la impugnación de un testigo, lo que se considera un vicio de incongruencia negativa. La Sala reafirma que la falta de congruencia en la sentencia afecta el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la demandada ciudadana ANARELIS ARENA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, el 24 de noviembre de 2025. No hay condenatoria en costas procesales en razón de la naturaleza del presente juicio.

La congruencia de la sentencia consiste en el deber del juez de decidir sobre todo lo alegado y probado por las partes, lo cual es una exigencia legal establecida en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que “Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados”, y ordinal 5° del artículo 243 ejusdem, en lo relativo a que la sentencia debe contener “Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.” Asimismo, es importante considerar que la falta de congruencia de la sentencia constituye una violación del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trata de un derecho constitucional que no se limita al sólo acceso a los órganos de administración de justicia, sino que también implica “obtener con prontitud la decisión correspondiente”, decisión que debe ser motivada y congruente.