Sentencia N° 961 de 2000: acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jesús Anselmo Ramírez Mejías en representación de Marcela Paz Gabler Pizarro, contra una sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Estado Nueva Esparta. La acción se fundamenta en la supuesta violación del derecho a la defensa y al debido proceso, al no permitir a la demandante ejercer el recurso de apelación contra una decisión que consideraba extemporánea. La Sala establece su competencia para conocer de la acción de amparo, argumentando que la decisión impugnada infringe normas constitucionales. Se ordena la notificación del juez que dictó la sentencia impugnada y se establece un plazo para la realización de la audiencia oral correspondiente. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, principios consagrados en la Constitución de la República de Venezuela.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado JESÚS ANSELMO RAMÍREZ MEJIAS, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARCELA PAZ GABLER PIZARRO, contra la sentencia dictada el 29 de junio de 1999, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, la cual se ADMITE. En consecuencia: 1.- Se ordena la notificación del Juez Provisorio Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, abogado Frank Petit Da Costa o quien ocupe el cargo, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha…

La presente acción encuadra en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que del escrito de la acción de amparo se deduce que el accionante imputa al Juzgado Superior antes mencionado, el haber actuado fuera de su competencia, y haber infringido en forma flagrante, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica, al dictar la decisión en un juicio donde no se garantizó el debido proceso. Por otra parte, se aprecia que la presente acción no está incursa en las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la citada Ley, en virtud de que, no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir, el que ha cesado la violación de los derechos denunciados como conculcados; la violación denunciada es inmediata, posible y realizable por el imputado; no aparece de los autos, el que sea irreparable…