Sentencia N° 2746 Constitucional TSJ 2001: Antonio J. Puppio G. vs Superintendencia de Bancos y Otras… — La inadmisibilidad de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Antonio J. Puppio G. en representación de Gonzalo de Guruceaga López. La acción se basaba en la nulidad de un oficio de la Superintendencia de Bancos que prohibía la enajenación de bienes del demandante, alegando violaciones a sus derechos constitucionales. La Sala argumenta que existían otros medios procesales idóneos para resolver la situación, lo que fundamenta la inadmisibilidad del amparo.

La acción de amparo constitucional que dio origen a la presente consulta se interpuso contra los actos administrativos contenidos en la orden emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante oficio nº SBIF-CJ-0639 del 3 de febrero de 1995, y en la decisión acordada por la Junta de Emergencia Financiera, en su reunión nº 250 del 17 de junio de 1999, ambas comunicadas mediante oficio nº SBI-SBA-DLAF-5497 del 1º de julio de 1999, emanado de la mencionada Superintendencia de Bancos. El Tribunal a quo, por su parte, al conocer en primera instancia de la referida acción, la declaró inadmisible por considerar que existían otros medios procesales ante los cuales la parte accionante pudo acudir antes que a la acción de amparo constitucional, para lograr la reparación de la situación jurídica infringida. Al respecto, esta Sala considera necesario realizar las siguientes consideraciones: El artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, textualmente dispone lo siguiente: 'Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo: (omissis) 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado'. La norma antes transcrita ha venido siendo interpretada por esta Sala Constitucional en diversos fallos.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 24 de septiembre de 1999, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Antonio J. Puppio G., actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GONZALO DE GURUCEAGA LÓPEZ, contra '...la orden emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante oficio Nº SBIF-CJ-0639 del 3 de febrero de 1995, y de la negativa acordada por la Junta de Emergencia Financiera en su reunión Nº 250 del 17 de junio de 1999, ambas comunicadas a su representado mediante oficio Nº SBI-SBA-DLAF-5497 del 1º de julio de 1999, emanado de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras'. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo copia certificada de la presente decisión a los fines de que sea anexada al expediente respectivo.