Sentencia N° 2712 Constitucional TSJ 2001: Wismer Herrera Montero vs Director General de los Servicios de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Wismer Herrera Montero. El demandante alegó violación de su derecho a la defensa tras ser destituido de su cargo en el DISIP, argumentando que no se le permitió asistencia legal ni se le informaron formalmente los cargos en su contra. Sin embargo, la Sala concluyó que el accionante tuvo conocimiento de la investigación y que no se produjo la alegada violación del derecho a la defensa.

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la presente consulta y al respecto observa: La acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Wismer Herrera Montero se fundamentó en la supuesta violación del derecho a la defensa por parte de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio de Relaciones Interiores, hoy Ministerio del Interior y Justicia, al imponérsele la sanción de destitución del cargo de detective que desempeñaba en este organismo. Con relación al mencionado derecho constitucional y, en general, al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución vigente, esta Sala en sentencia del 24 de enero de 2001 (Caso Supermercado Fátima) señaló lo siguiente: “...el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias” (Negrillas de esta decisión). Aprecia la Sala que en el presente caso, tal como lo señaló la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el fallo sometido a consulta, el accionante tuvo conocimiento de la investigación adelantada por la Jefatura de la Región Nº 6 de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), puesto que de ella se le informó el 19 de agosto de 1997, cuando fue practicada una diligencia policial en su residencia, y el 20 agosto de 1997, al tomársele declaración informativa, en el curso de dicha investigación, se le impuso el motivo de su comparecencia y de los hechos investigados y le fue leído el precepto constitucional que lo exime de rendir declaración en su contra o en contra de sus familiares. Tomando en cuenta estas circunstancias y acogiendo el criterio jurisprudencial precedentemente expuesto, esta Sala concluye que en el presente caso no se produjo la alegada violación del derecho a la defensa.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia dictada el 17 de julio de 1998 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano WISMER HERRERA MONTERO, contra el acto administrativo número 3061 del 27 de agosto de 1997, dictado por el Director General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio de Relaciones Interiores. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.