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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara la perención de la acción de amparo constitucional interpuesta por Saturnino Rojas Castillo contra la Junta Electoral Principal del Estado Nueva Esparta, debido a la inactividad procesal del demandante. Se argumenta que la falta de impulso en el proceso desde 1996 indica un decaimiento del interés del actor en continuar con la acción. La Sala establece que la perención de la instancia es aplicable en este caso, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN de la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Saturnino Rojas Castillo, en contra de la Junta Electoral Principal del Estado Nueva Esparta, y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA. Conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se multa al accionante con la cantidad de Tres Mil Bolívares (Bs. 3.000.000,oo). Expídase la correspondiente planilla de multa para que sea pagada en la correspondiente Oficina recaudadora. Publíquese, regístrese y notifíquese al accionante de la multa impuesta. Archívese el expediente.
El fundamento
La institución de la perención de la instancia, por las razones señaladas, debe funcionar en el proceso de amparo, cuando en su fase inicial se le exige al actor una actividad, y éste no la cumple, así sea porque no se le notifica, o no se le puede notificar. Pero el accionante que no concurre motu propio, a revisar el amparo que incoó y a activarlo, así no se le haya notificado de la orden del tribunal que detiene el proceso hasta que se cumplan determinadas formalidades (artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), lo que demuestra es que su interés ha decaído y por lo tanto su inactividad debe conducir a la perención de la instancia en los mismos términos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Ella adquiere mayor importancia en el amparo constitucional, el cual persigue evitar que se cumpla una amenaza, o que se restablezca de…
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… inmediato la situación jurídica antes que la violación de derechos y garantías constitucionales que la afectan la lesionen irreparablemente. Quien intenta un amparo y no lo activa, tácitamente está aceptando, o que la violación o amenaza ha cesado, o que la situación que precavía se hizo irreparable.
Palabras clave
perenciónamparo constitucionalinactividad procesalJunta Electoralextinción de instanciaderechos constitucionalesinterés del actor
Leyes y artículos que aplica
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 8, 19, 23, 25, 4839.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 292, 297, 335, 33699.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código de Procedimiento CivilArtículos 14, 267103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGÁNICA DEL SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICAArtículo 241.468 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGANICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAderogadaArtículo 8615.813 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
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Un criterio puede haber sido matizado por decisiones posteriores. El asistente revisa las 181.157 sentencias de la base y te dice si sigue firme, con las citas exactas.
Datos del expediente
Expediente00-0898
PonenteIván Rincón Urdaneta
Fecha de la decisión26 de julio de 2000
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteSaturnino Rojas Castillo
Parte demandada / contraparteJunta Electoral Principal del Estado Nueva Esparta
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.