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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Enrique Luís Fermín Villalba, en representación de Eduardo Manuitt Carpio, contra decisiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La Sala fundamenta su decisión en la falta de competencia para conocer de la acción, dado que el recurso contencioso electoral que dio origen al amparo fue declarado inadmisible por el Juzgado de Sustanciación.
Lo que ordenó la Sala
1.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Enrique Luís Fermín Villalba, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Eduardo Manuitt Carpio, en contra del auto de fecha 20 de mayo de 1999 y sentencia de fecha 2 de junio de 1999, ambas decisiones judiciales dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con ocasión al recurso contencioso electoral propuesto por el ciudadano Rafael Emilio Silveira, en contra de los actos de denegación de los recursos jerárquicos interpuestos en fecha 17 y 26 de noviembre de 1998, ante el Consejo Nacional Electoral con el objeto de impugnar los actos de naturaleza electoral contenidos en las actas de escrutinio, levantadas el día 8 de noviembre de 1998, en las mesas electorales del estado Guárico, en el acta de totalización levantada el día 10 de noviembre de 1998 y en el acta de…
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… proclamación elaborada en esa misma fecha por al Junta Regional Electoral del Estado Guárico. 2.- Que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR, en cuanto a la solicitud de medida cautelar innominada, toda vez que la presente acción de amparo ha sido declarada inadmisible.
El fundamento
Conforme a lo señalado en decisiones de fecha 20 de enero del año 2000, casos Domingo Ramírez Monja y Emery Mata Millán, corresponde a esta Sala Constitucional conocer de todas las acciones de amparo incoadas en contra de decisiones emanadas de los Juzgados Superiores de la República, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales (salvo las dictadas por los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, caso: Elecentro y Cadela). En el caso que nos ocupa corresponde conocer y decidir a esta Sala una acción de amparo constitucional ejercida contra una decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Sala, congruente con lo expresado ut supra, se declara competente para conocer de la presente acción de amparo, y así se decide.
Leer la sentencia completa (PDF oficial) →Palabras clave
amparo constitucionalinadmisibilidadCorte Primeraderecho al debido procesorecursos jerárquicoseleccionesGuárico
Leyes y artículos que aplica
- Código de Procedimiento CivilArtículos 82, 90, 588103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 4, 6.239.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGÁNICA DEL SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICAArtículos 237, 2381.468 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículo 156.3299.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGANICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAderogadaArtículo 8415.813 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
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Un criterio puede haber sido matizado por decisiones posteriores. El asistente revisa las 181.157 sentencias de la base y te dice si sigue firme, con las citas exactas.
Datos del expediente
Expediente00-0999
PonenteIván Rincón Urdaneta
Fecha de la decisión25 de julio de 2000
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteEnrique Luís Fermín Villalba
Parte demandada / contraparteCorte Primera de lo Contencioso Administrativo
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.