Sentencia N° 698 de 2001: recurso de revisión de la Sala de Casación Social

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso de revisión interpuesto por los abogados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en relación a una sentencia de la Sala de Casación Social. La Sala Constitucional argumenta que la decisión de la Sala de Casación Social se ajusta a las normas constitucionales y legales, y que no se evidencia violación a los derechos de defensa ni a la competencia de la Sala. Además, se desestima la solicitud de desaplicación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, considerando que su aplicación no infringe la Constitución.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de revisión de la sentencia dictada por la Sala de Casación Social de este máximo tribunal el 3 de agosto de 2000, interpuesto por los abogados Rosemary Thomas y Carlos Páez-Pumar, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.177 y 72.029, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.). Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

La Sala Constitucional observa que, en el presente caso, la sentencia cuya revisión se solicita ha sido el producto de una operación intelectual que obedece al instituto de la casación de oficio, cuyas características son especiales y comporta límites explícitos en relación con la apreciación y establecimiento de los hechos. Uno de los cuales es la imposibilidad de descender al fondo de la controversia, a menos que se haya denunciado una de las hipótesis previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Otro límite explícito es que la casación sin reenvío sólo puede aplicarse cuando se considera que los hechos han sido soberanamente establecidos por los jueces de instancia de modo que sea posible aplicar la apropiada regla de derecho, a lo cual no se escapa la casación de oficio, que no se encuentra limitada por las denuncias, más aun cuando ahora es expresión de la obligación establecida en el artículo 334 del Texto Constitucional, referida a la preservación del orden constitucional.