Sentencia N° 69 de 2000: revocación de decisión en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca la decisión del Juzgado Superior Decimoctavo en lo Penal que había declarado sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio José Varela. La Sala argumenta que se violaron los derechos de igualdad, defensa y debido proceso al negarle el acceso a las actuaciones del expediente, considerando que la víctima tiene derecho a participar en el proceso penal. Se establece que la víctima no necesita querellarse para intervenir en el proceso, ya que tiene derechos inherentes que deben ser garantizados.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Decimoctavo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ANTONIO JOSÉ VARELA, contra la ciudadana FANNI JOSE MILLAN BOADA, Juez Titular del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, y el ciudadano CARLOS JAVIER VARGAS YEYES, Secretario Titular del referido Tribunal. En consecuencia se ORDENA a los funcionarios antes mencionados o a cualquier otro Tribunal de la República que conozca del proceso penal a que se ha hecho referencia, permitir al accionante su participación en el mismo, con todas las garantías de igualdad y defensa que le consagra el ordenamiento jurídico.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 21 y 49, los cuales se corresponden con los artículos 61, 68 y 69 de la derogada Constitución de la República, consagran el principio de igualdad de las partes ante la ley así como el derecho al debido proceso y a la defensa. El principio de igualdad entre las partes aparece también consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica – aplicable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con rango constitucional, por así disponerlo el artículo 23 del texto fundamental- el cual establece en su artículo 8 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada…