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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Gustavo Mora, quien alegaba ser propietario de bienes embargados en un juicio de cobro. La Sala determinó que la acción de amparo no era procedente, ya que los bienes habían sido rematados y adjudicados a un tercero, lo que hacía imposible restablecer la situación jurídica infringida. Además, se consideró que el demandante había tenido acceso a los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, por lo que la acción fue declarada inadmisible.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, Barinas, de fecha 17 de marzo de 1998, salvo por lo que se refiere a la estimación relativa a su improcedencia, por tratarse de supuestos de inadmisibilidad. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente.
El fundamento
La acción de amparo constitucional tiene como finalidad proteger situaciones jurídicas en las cuales se encuentren envueltos derechos constitucionales. Así, una de sus características es tener una naturaleza restablecedora y que los efectos producidos por la misma son restitutorios, sin existir la posibilidad de que a través de ella, pueda crearse, modificarse o extinguirse una situación jurídica preexistente, en razón de lo cual, la acción de amparo no procede cuando no pueda restablecerse la situación jurídica infringida, esto es cuando no puedan retrotraerse las situaciones de hecho a la condición que poseía antes de producirse la violación denunciada. Por ello, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 6, numeral 3, dispone que esta acción no es admisible cuando la violación del derecho o la garantía constitucional constituya una evidente…
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… situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. En el presente caso, el solicitante del amparo pretende la suspensión de una medida de embargo ejecutiva. En efecto, consta en autos que en fecha 16 de enero de 1998, los bienes embargados fueron objeto de un remate judicial, siendo adjudicados a la parte actora, ciudadano Pedro Antonio Abreu, por lo que es imposible a través de la sentencia de amparo restablecer la situación jurídica infringida, toda vez que la medida en cuestión cumplió la finalidad para la cual había sido otorgada.
Palabras clave
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Leyes y artículos que aplica
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 6.3, 6.5, 3539.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 156.32, 336.1099.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código de Procedimiento CivilArtículo 546103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
Antes de citarla¿Vas a usar esta sentencia en un escrito?
Un criterio puede haber sido matizado por decisiones posteriores. El asistente revisa las 181.157 sentencias de la base y te dice si sigue firme, con las citas exactas.
Datos del expediente
Expediente00-0338
PonenteIván Rincón Urdaneta
Fecha de la decisión24 de mayo de 2000
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteGustavo Mora
Parte demandada / contrapartePedro Antonio Abreu
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.