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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 2051 de 2001: declaratoria de Mero Derecho en Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad

24 de octubre de 2001ConstitucionalNulidad por InconstitucionalidadCon lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, argumentando que colide con el artículo 150 de la Constitución.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 2051, Exp. 00-2874, 24/10/2001

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Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, argumentando que colide con el artículo 150 de la Constitución. Se establece que la acción debe tramitarse como de mero derecho, dado que la controversia se centra en la compatibilidad entre normas legales y principios constitucionales, sin necesidad de pruebas adicionales. La Sala ordena la notificación de la Defensoría del Pueblo y la publicación de un cartel, además de reducir los plazos de relación a cinco días de despacho.

Lo que ordenó la Sala

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1-. HA LUGAR a la solicitud formulada por la parte actora, en el sentido de que se tramite la presente acción como de mero derecho. En consecuencia, se suprime la primera etapa de la relación, se mantiene el acto de informes y se reduce la segunda etapa de la relación a cinco (5) días de despacho. 2.- Ordena al Juzgado de Sustanciación notificar a la Defensoría del Pueblo. Adjúntese al oficio copia certificada del escrito, de los documentos pertinentes, del auto de admisión y de la presente decisión. 3.- Ordena al Juzgado de Sustanciación publicar el cartel a que hace referencia el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 4.- Ordena al Juzgado de Sustanciación que, una vez hecha la notificación y publicado el cartel, fije el quinto día de despacho siguiente para que tenga lugar el acto de informes, el cual será oral. Publíquese, regístrese. Cúmplase lo ordenado.

El fundamento

1.- Los accionantes alegan: Que el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público colide con el artículo 150 de la Constitución de la República. Agregan el contenido del artículo 80, el cual expresa que, “una vez sancionada la ley de endeudamiento anual, el Ejecutivo Nacional procederá a celebrar las operaciones de crédito público en las mejores condiciones financieras que puedan obtenerse e informará periódicamente a la Asamblea Nacional”. La parte actora aduce que la mera información al órgano legislativo nacional consagrada en dicho precepto respecto a operaciones de crédito público, contraviene el sentido del artículo 150 constitucional, el cual ordena que “no podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a…
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… ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional”. Consecuencia de ello, afirman los accionantes, es que la norma impugnada también conculca los principios de legalidad, supremacía constitucional y separación de poderes (artículos 7 y 137 de la Constitución). De allí que los accionantes aleguen que el asunto planteado deba resolverse como de mero derecho y que, tanto la relación como los informes, resulten innecesarios. 2.- El artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable hasta tanto sea dictada aquella que rija los procedimientos seguidos ante esta Sala, reza: “A instancia de parte, la Corte podrá reducir los plazos establecidos en las dos secciones anteriores, si lo exige la urgencia del caso, y procederá a sentenciar sin más trámites. Se considerarán de urgente decisión los conflictos que se susciten entre funcionarios u órganos del Poder Público. La Corte podrá dictar sentencia definitiva, sin relación ni informes, cuando el asunto fuere de mero derecho. De igual modo se procederá en el caso a que se refiere el ordinal 6º del artículo 42 de esta Ley” (cursivas de la Sala). A este respecto, es preciso advertir que la procedencia de la solicitud de declaratoria de mero derecho está supeditada a la constatación, por parte de la Sala, de que la denuncia planteada se circunscriba a la neta contradicción entre normas de rango legal y reglas, principios o valores contenidos en el texto constitucional, sin que para resolver la misma exista la necesidad de que las partes prueben alguna de sus afirmaciones. Esto es, que el asunto sea susceptible de solución a través del solo examen de los argumentos esgrimidos por las partes.
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Palabras clave

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Datos del expediente
Expediente00-2874
PonenteJosé M. Delgado Ocando
Fecha de la decisión24 de octubre de 2001
Tipo de recursoNulidad por Inconstitucionalidad
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteValentina Gómez Millán
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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