Sentencia N° 1724 — Sala Constitucional del TSJ, 10 de diciembre de 2009

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1862, declaró con lugar la solicitud de revisión presentada por José de Jesús Herrera Hernández contra la sentencia de la Sala de Casación Social. La revisión se fundamentó en la alegación de cosa juzgada y la falta de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. La Sala concluyó que la decisión de la Sala de Casación Social había incurrido en un error al considerar que existía cosa juzgada respecto a los conceptos demandados, lo que vulneró el derecho a la defensa del demandante.

La Sala Constitucional, al analizar el caso, determinó que la sentencia de la Sala de Casación Social había declarado improcedente la indemnización por 'secuelas' derivadas de la enfermedad profesional, pero había confundido los conceptos demandados en relación a la cosa juzgada. Se enfatizó que el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano José de Jesús Herrera Hernández había sido vulnerado, lo que llevó a la anulación de la sentencia impugnada y a la orden de remitir el caso para un nuevo pronunciamiento.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HA LUGAR la revisión constitucional solicitada por el ciudadano JOSÉ DE JESÚS HERRERA HERNÁNDEZ. En consecuencia, se ANULA la sentencia Nº 1862 dictada por la Sala de Casación Social, el 13 de noviembre de 2008. SEGUNDO: ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional remitir copia de la presente decisión a la mencionada Sala, a los fines de que dicte un nuevo pronunciamiento considerando los razonamientos sostenidos en el presente fallo e incluyendo pronunciamiento expreso sobre la omisión del anuncio del recurso de casación intentado por la parte demandada-recurrente (Plumrose Latinoamericana, C.A.). TERCERO: ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.