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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 1542 de 2000: recurso de apelación en acción de amparo constitucional

8 de diciembre de 2000ConstitucionalAmparo ConstitucionalSin lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por William Enrique Balza Parra.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 1542, Exp. 00-1147, 08/12/2000

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Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por William Enrique Balza Parra. La Sala argumenta que no se demostró la violación de derechos constitucionales y que la acción de amparo no es la vía adecuada para discutir vicios de legalidad de actos administrativos. Además, se establece que el reglamento interno no es lo que ocasiona el agravio al accionante, sino el acto administrativo en sí.

Lo que ordenó la Sala

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República, por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del ciudadano WILLIAM ENRIQUE BALZA PARRA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 5 de agosto de 1998, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el referido ciudadano contra el acto administrativo Nº 3058, emanado en fecha 27 de agosto de 1997 de la Dirección General Sectorial de Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P) del Ministerio de Relaciones Interiores, por el Director General Rafael Rivas Ostos, y por tal razón CONFIRMA la sentencia apelada.

El fundamento

Previo estudio pormenorizado de las actas que componen el presente expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones: De la lectura de la sentencia apelada, se desprende que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo consideró que en el caso que nos ocupa “no es procedente alegar que una determinada norma viola de manera directa derechos constitucionales, toda vez que el acto lesivo de derechos constitucionales es aquel que aplica la norma en cuestión”. En este sentido, la a quo explana que “no ha quedado demostrada la forma como el acto de destitución ha violado derechos constitucionales”. Sobre este particular, estima la Sala que la Corte analizó correctamente la situación planteada, en virtud de que el fundamento del amparo constitucional no debe ser la inconstitucionalidad de una norma, sino la inconstitucionalidad del acto en concreto que ejecuta la…
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… norma. En este sentido, observa la Sala que resulta incorrecto proponer que el Reglamento Interno para la Administración del Personal de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.) sea inaplicado en el presente caso, puesto que el reglamento no es lo que ocasiona, de forma directa, el presunto agravio al accionante. Antes bien, el examen en cuestión debe confrontar directamente el acto accionado, con el derecho constitucional supuestamente conculcado, y de esa manera, determinar si en efecto el órgano presuntamente agraviante conculcó los derechos constitucionales del accionante. En el caso subiudice, la Sala observa que cobra especial relevancia lo sentado por el a quo, en cuanto que “no ha quedado demostrada la forma como el acto de destitución ha violado derechos constitucionales”. Antes bien, previo el acto sancionatorio, el órgano accionado llevó a cabo el procedimiento establecido en el Reglamento, en el que se le tomó declaración al hoy accionante. En razón de estas consideraciones, la presente acción de amparo resulta improcedente, y así se decide. Por otra parte, con respecto a la solicitud de nulidad del acto administrativo propuesta por el accionante, por razones de ilegalidad, esta Sala comparte el criterio sentado por la a quo, cuando señala que la jurisprudencia proferida por este Supremo Tribunal ha indicado que la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar los posibles vicios de ilegalidad que afecten un acto administrativo como el accionado. Por tal motivo, la presente acción de amparo resulta igualmente improcedente, y así se decide.
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Palabras clave

amparo constitucionalderechos constitucionalesacto administrativodestituciónprocedimiento administrativoinaplicabilidaddefensavicios de legalidad

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Datos del expediente
Expediente00-1147
PonenteIván Rincón Urdaneta
Fecha de la decisión8 de diciembre de 2000
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteWilliam Enrique Balza Parra
Parte demandada / contraparteDireccion General Sectorial de Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.)
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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