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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por William Enrique Balza Parra. La Sala argumenta que no se demostró la violación de derechos constitucionales y que la acción de amparo no es la vía adecuada para discutir vicios de legalidad de actos administrativos. Además, se establece que el reglamento interno no es lo que ocasiona el agravio al accionante, sino el acto administrativo en sí.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República, por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del ciudadano WILLIAM ENRIQUE BALZA PARRA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 5 de agosto de 1998, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el referido ciudadano contra el acto administrativo Nº 3058, emanado en fecha 27 de agosto de 1997 de la Dirección General Sectorial de Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P) del Ministerio de Relaciones Interiores, por el Director General Rafael Rivas Ostos, y por tal razón CONFIRMA la sentencia apelada.
El fundamento
Previo estudio pormenorizado de las actas que componen el presente expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones: De la lectura de la sentencia apelada, se desprende que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo consideró que en el caso que nos ocupa “no es procedente alegar que una determinada norma viola de manera directa derechos constitucionales, toda vez que el acto lesivo de derechos constitucionales es aquel que aplica la norma en cuestión”. En este sentido, la a quo explana que “no ha quedado demostrada la forma como el acto de destitución ha violado derechos constitucionales”. Sobre este particular, estima la Sala que la Corte analizó correctamente la situación planteada, en virtud de que el fundamento del amparo constitucional no debe ser la inconstitucionalidad de una norma, sino la inconstitucionalidad del acto en concreto que ejecuta la…
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… norma. En este sentido, observa la Sala que resulta incorrecto proponer que el Reglamento Interno para la Administración del Personal de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.) sea inaplicado en el presente caso, puesto que el reglamento no es lo que ocasiona, de forma directa, el presunto agravio al accionante. Antes bien, el examen en cuestión debe confrontar directamente el acto accionado, con el derecho constitucional supuestamente conculcado, y de esa manera, determinar si en efecto el órgano presuntamente agraviante conculcó los derechos constitucionales del accionante. En el caso subiudice, la Sala observa que cobra especial relevancia lo sentado por el a quo, en cuanto que “no ha quedado demostrada la forma como el acto de destitución ha violado derechos constitucionales”. Antes bien, previo el acto sancionatorio, el órgano accionado llevó a cabo el procedimiento establecido en el Reglamento, en el que se le tomó declaración al hoy accionante. En razón de estas consideraciones, la presente acción de amparo resulta improcedente, y así se decide. Por otra parte, con respecto a la solicitud de nulidad del acto administrativo propuesta por el accionante, por razones de ilegalidad, esta Sala comparte el criterio sentado por la a quo, cuando señala que la jurisprudencia proferida por este Supremo Tribunal ha indicado que la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar los posibles vicios de ilegalidad que afecten un acto administrativo como el accionado. Por tal motivo, la presente acción de amparo resulta igualmente improcedente, y así se decide.
Palabras clave
amparo constitucionalderechos constitucionalesacto administrativodestituciónprocedimiento administrativoinaplicabilidaddefensavicios de legalidad
Leyes y artículos que aplica
- Ley Orgánica de Procedimientos AdministrativosArtículos 19, 2010.406 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE 1961derogadaArtículos 60, 683.606 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículo 3539.576 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
N° 2749 · 2001Amparo constitucional interpuesto por Urbanizadora Colinas de Cerro Verde C.A.→N° 2746 · 2001La inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional→N° 2723 · 2001Acción de amparo constitucional interpuesta por TIM INTERNATIONAL B.V.→N° 2712 · 2001Acción de amparo constitucional de Wismer Herrera Montero→N° 2721 · 2001Admisión de acción de amparo constitucional→
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Datos del expediente
Expediente00-1147
PonenteIván Rincón Urdaneta
Fecha de la decisión8 de diciembre de 2000
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteWilliam Enrique Balza Parra
Parte demandada / contraparteDireccion General Sectorial de Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.)
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.