Sentencia N° 1123 de 2000: amparo Constitucional a favor de María Máxima Sojo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por María Máxima Sojo, revocando la decisión del Juzgado Superior que había declarado inadmisible la acción. La Sala consideró que la apelante no tuvo conocimiento del decreto de intimación hasta el remate del inmueble, lo que justifica la admisión del recurso. Se establece que el plazo de caducidad para interponer el amparo comienza a contar desde el momento en que se tiene conocimiento del acto lesivo.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la providencia dictada, en fecha 3 de abril de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana MARÍA MÁXIMA SOJO contra las actuaciones cumplidas, en el referido proceso de ejecución de hipoteca, por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, y, en particular, contra el decreto de intimación, de fecha 28 de septiembre de 1998, y el acto de remate, de fecha 6 de diciembre de 1999. En consecuencia, ADMITE la acción de amparo constitucional…

Visto que, con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 335 de la Constitución de la República y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para conocer de las consultas y recursos de apelación que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, la apelación fue ejercida en relación con la sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, esta Sala se declara competente para conocer de la apelación en referencia. Así se declara.