Sentencia N° 1026 de 2026: revisión constitucional de amparo

… negativa de entrega por parte del Teniente Coronel del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro № 22-Mérida, JUAN MANUEL VIVEIROS LANDAETA, (…) exaltando además que, mis bienes no se encuentran debidamente depositados en alguna depositaria judicial, y que sobre todo, mi vehículo tipo Moto, se encuentra en uso y disposición a título personal por el señalado funcionario [sic]” (Mayúsculas y resaltado del original). Sostiene que “(…) en razón de ésta negativa, he participado y requerido por todos los medios y recursos existentes al Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, fundado principalmente en los artículos 2, 4, 5, 6 y 293 del Código Orgánico Procesal Penal, y de forma especial basado en la Sentencia № 1499 de 22 de noviembre de 2023 (…) [sic]”. Al respecto denuncia que “(…) al evadir mis solicitudes de Tutela Judicial, cercena mis derechos de acceder a la jurisdicción para hacer valer mis derechos e intereses, además de permitir la apropiación indebida calificada por parte del funcionario, por negarse a devolver mis bienes personales contrariando lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia; del artículo 21.2, (relativo al derecho de igualdad ante la Ley, especialmente sobre el particular de garantizar condiciones jurídicas para que la Ley sea real y efectiva), 22 (relativo a otros derechos y garantías contenidos en la Constitución); artículo 23, (relativo al respeto de los tratados, pactos y convenios sobre derechos humanos); artículo 26 (relativo al derecho de las personas de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses); artículo 27, (relativo al derecho de ser amparado por los Tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías); artículo 29, (relativo a la obligación del Estado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades); artículo 49.8, (relativo al Debido Proceso, especialmente a que toda persona podrá solicitar del Estado, el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada); artículo 51, (relativo al derecho de petición y de obtener oportuna y adecuada respuesta); artículo 115, (relativo al derecho de propiedad); todos los artículos de la Constitución Nacional [sic]” (Resaltado del original).