Sentencia N° 1542 de 2000: recurso de nulidad interpuesto por destitución de agente policial

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide declarar con lugar el recurso de nulidad interpuesto por JOSE GREGORIO PEREZ VEGA contra el acto administrativo que lo destituyó de su cargo en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Se considera que el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial es inconstitucional por no haber sido publicado en la Gaceta Oficial y por contradecir derechos fundamentales como el debido proceso.

PRIMERO: Inaplicar por inconstitucional el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, para el caso en concreto, conforme al imperativo constitucional previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Declara CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano JOSE GREGORIO PEREZ VEGA, contra el acto desestimatorio tácito del recurso jerárquico, ejercido contra el acto administrativo de fecha 15 de febrero de 1995, por el cual se le destituyó del cargo de Agente del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. TERCERO: ORDENA la reincorporación del ciudadano JOSE GREGORIO PEREZ VEGA, al cargo que desempeñaba en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial adscrito a la Delegación del Estado Miranda. Así mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se…

El Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial tiene la naturaleza de un Reglamento Interno de este organismo que además de no haber sido publicado en la Gaceta Oficial, en el mismo se crean sanciones no previstas en la Ley y, de este modo, se contradicen específicas disposiciones constitucionales y legales tales como el derecho a la defensa y al debido proceso que, aun en sede administrativa, son de rango constitucional. De igual forma, además de ser una norma de carácter sublegal, resulta ineficaz frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos-administrados debido a que no ha sido objeto de publicación en la Gaceta Oficial, por lo que no posee el elemento de publicidad necesario a fin de surtir efectos erga omnes. Así se declara.