Sentencia N° 1106 de 2000: cuestiones previas en juicio

… representada, RUTH DAMARIS MARTINEZ LEZAMA, no es parte denunciante, ni acusadora, ni accionada, en el juicio penal que cursa por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en la ciudad de Maracay, bajo el expediente N° 20.277, averiguación penal ésta, que existe a los fines de determinar la responsabilidad penal, que puedan tener personas naturales en representación de personas jurídicas, por la presunta intervención que éstas hayan tenido en la comisión de los delitos materializados, por la intoxicación masiva ocurrida en el Hospital José A. Vargas en Palo Negro, Estado Aragua, el día 20 de marzo de 1992.” Ahora bien, con el objeto de demostrar la alegada prejudicialidad del proceso penal que sigue el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, la parte demandada promovió, de conformidad con lo previsto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de informes; prueba esta que fue admitida por el Juzgado de Sustanciación de la Sala en fecha 11 de mayo de 1999. Esa misma prueba de informes fue promovida por la demandante. Sin embargo, observa la Sala que ninguna de las partes promoventes de la prueba de informes prevista en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, realizó las gestiones necesarias tendentes a obtener la información requerida. En efecto, en el propio auto que admitió las distintas probanzas de las partes, el Juzgado de Sustanciación de la Sala ordenó librar oficios al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay y copias certificadas de los escritos de promoción de pruebas, pero las partes no efectuaron las diligencias necesarias para que dicho oficio fuera remitido conforme a la Ley al referido Juzgado. Esta inactividad, consistente en la falta de pago de los aranceles requeridos para la elaboración del oficio, así como el pago de los aranceles de las copias certificadas, obligan a la Sala a entender como no demostrada la alegada prejudicialidad que indica la representación judicial del ente demandado.